El juez Ángel Hurtado aseguró que es una "evidencia" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "ha hecho desaparecer pruebas" tras el borrado de datos en su móvil, algo que no puede ignorar que tenga incidencia en la causa.
El futuro judicial del fiscal general puede verse condicionado por un artículo clave de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que describe cómo un delincuente planifica estrategias para eludir la acción de la justicia. Este precepto, que hace referencia a la premeditación en la comisión de un delito y a las dificultades del Estado para actuar ante estas maniobras, podría tener implicaciones directas en la investigación que rodea al máximo representante del Ministerio Fiscal.
El artículo en cuestión señala que el delincuente, "desde que surge en su mente la idea del delito, o por lo menos desde que, pervertida su conciencia, forma el propósito deliberado de cometerlo, estudia cauteloso un conjunto de precauciones para sustraerse a la acción de la justicia y coloca al Poder público en una posición análoga a la de la víctima, la cual sufre el golpe por sorpresa, indefensa y desprevenida". La posible aplicación de este texto en el caso del fiscal general podría implicar que las decisiones que ha tomado no fueron accidentales o fruto de un error, sino parte de un plan calculado para influir en el curso de la justicia.
Si se confirma esta hipótesis, la situación del fiscal general se tornaría insostenible, ya que podría enfrentarse a cargos más graves, como prevaricación o encubrimiento. En ese caso, la justicia no solo investigaría decisiones puntuales, sino que podría abrirse una causa más amplia para determinar si utilizó su cargo para protegerse a sí mismo o a terceros. Esto colocaría al Ministerio Fiscal en el centro de un escándalo institucional de gran envergadura.
Además, el artículo de la LECrim destaca que cuando un delincuente actúa con premeditación, el Estado se encuentra en una posición similar a la de la víctima: sorprendido y sin capacidad de reacción inmediata. Este punto refuerza la idea de que la posible conducta del fiscal general habría dejado a la justicia en una situación de vulnerabilidad, impidiendo su correcto funcionamiento.
Mientras se avanza en las investigaciones, la presión política y social aumenta, exigiendo transparencia y explicaciones claras. Si la aplicación del artículo de la LECrim se confirma, el fiscal general podría verse obligado a dimitir o enfrentar un proceso judicial que marcaría un antes y un después en la justicia española.
