La aplicación de la proposición de ley que ha presentado este viernes el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados para, entre otras cosas, limitar el papel de las acusaciones populares en los procesos judiciales afectaría de lleno a la propia personación del partido de Gobierno en asuntos tan relevantes como el 'caso Koldo'.
De hecho, en caso de que el Congreso apruebe esa proposición de ley en su redactado actual, que contempla aplicarla a las causas abiertas cuando entre en vigor, y sin incorporar ninguna enmienda que afecte a lo sustancial, los socialistas serían expulsados de todos los procedimientos en los que participaran por la vía de la acusación popular dado que la nueva norma propone que las formaciones políticas no puedan ejercer la acción popular.
En su exposición de motivos, el texto recoge que se han de excluir de esta acción "por razones de mínima coherencia institucional" las personas jurídicas o entes públicos, así como de "los partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas con estos, para prevenir el riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político".
Cabe recordar que el pasado mes de noviembre de 2024 el PSOE solicitó a la Audiencia Nacional personarse tanto en el 'caso Koldo' como en la causa en la que se investiga un presunto fraude en el sector de hidrocarburos en el que consta como investigado el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama.
Daba este paso tras la declaración voluntaria ante el instructor de De Aldama, que dirigió diferentes acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros ministros y cargos del PSOE. Ambas peticiones fueron aceptadas por los instructores de ambos casos a pesar de las reticencias y recursos de otras acusaciones populares personadas, entre ellas la del PP.
Fuentes del PSOE señalaron entonces que adoptaban esta decisión de personarse ante "los graves hechos investigados" que podrían ser constitutivos de "delitos públicos", así como por la "preocupación y la alarma social" generada.
Asimismo, explicaron que solicitaban ser acusación popular en las señaladas causas "en representación de sus afiliados" y "el interés general de la ciudadanía" que preside "la actuación de esta organización", con el fin de contribuir a que se llegue a "conocer la verdadera realidad" de estas instrucciones.
También afectaría a otras causas
Además de en esas dos causas, los socialistas también ejercen la acusación popular en causas como la 'Púnica', en la que han participado, con esa figura que ahora combaten, en todas y cada una de las piezas separadas --algunas ya juzgadas-- del caso de corrupción política que afectó a consejeros 'populares' de la Comunidad de Madrid y por el que se ha condenado hasta la fecha a exdirigentes del PP madrileño como Francisco Granados.
También afectaría a causas más de actualidad, como la que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre cargos de Podemos. En el marco de esta causa, este mismo jueves declaró como testigo ante el instructor y en presencia de abogados del PSOE quien fuera senador del PP y ex director general de la Policía Ignacio Cosidó.
Otra causa relevante en la que el PSOE ha ejercido y ejerce de hecho como acusación popular es el 'caso Villarejo'. Si bien no ha participado en todas las piezas, sí que está en asuntos tan relevantes como el 'caso Kitchen'.
Precisamente, en 2023, los socialistas recurrieron el auto de apertura de juicio oral acordado por el juez para impugnar "la exclusión del Partido Popular (PP) como partícipe a título lucrativo".
En esta causa se investigó ese operativo parapolicial puesto en marcha supuestamente con el objetivo de sustraer al ex tesorero del PP Luis Bárcenas material relacionado con la investigación judicial del caso 'Gürtel'.
Ya en septiembre de 2024 la Sala de lo Penal aceptó la petición de las acusaciones populares que ejercen PSOE y Podemos para que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o el ex ministro de Interior Juan Ignacio Zoido declararan como testigos en el juicio.
De esta manera, y en caso de que la norma se aprobara con las disposición transitoria única que recoge, las modificaciones que plantea para la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) serían de aplicación a los procesos en curso en el momento de su entrada en vigor y por tanto abandonarían todos los procedimientos.
