La Ley 36/2015 de Seguridad Nacional, se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en cumplimiento de los compromisos asumidos.
En el artículo 23 de esta citada ley se contempla que una situación de interés para la seguridad nacional es aquella en la que, por la gravedad de sus efectos y la dimensión, urgencia y transversalidad de las medidas para su resolución, requiere de la coordinación reforzada de las autoridades competentes en el desempeño de sus atribuciones ordinarias, bajo la dirección del Gobierno, en el marco del
Sistema de Seguridad Nacional, garantizando el funcionamiento óptimo, integrado y flexible de todos los recursos disponibles, en los términos previstos en esta ley.
Si se aplicara esta ley, se debería nombrar una autoridad funcional, y la determinación de sus competencias para dirigir y coordinar las actuaciones que procedan y en la situación de interés para la Seguridad Nacional el Presidente del Gobierno convocará al Consejo de Seguridad Nacional para que ejerza las funciones de dirección y coordinación de la gestión de dicha situación.
La regulación de la movilidad, la principal diferencia
Una de las diferencias entre una y otra es la regulación de la movilidad. El punto tres del artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional aclara que la situación de interés para la Seguridad Nacional se afrontará con los poderes y medios ordinarios de las distintas Administraciones Públicas y en ningún caso podrá implicar la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, con lo cual, y según este punto, el Gobierno no podría limitar el derecho a la libre reunión o libre circulación, algo que sí recoge la ley que regula el estado de alarma.
El estado de alarma limita, aparte de la movilidad, aspectos como el uso de servicios; se contempla practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, o impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados. En este sentido, la ley de Seguridad Nacional solo señala que "la Declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional supondrá la obligación de las autoridades competentes de aportar los medios humanos y materiales necesarios que se encuentren bajo su dependencia, para la efectiva aplicación de los mecanismos de actuación".
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