A principios de febrero, el Ministerio de Igualdad, capitaneado por Irene Montero, difundió el borrador de una de las grandes promesas electorales de Unidas Podemos, la llamada Ley Trans. Esto supuso la explosión de una guerra entre un sector del feminismo y el colectivo LGTB, que llevaba tiempo gestándose.
¿Qué es ‘ser una mujer’? ¿Es preferible hablar de género o de sexo? ¿A qué problemas se enfrentan las personas trans? ¿Cómo afectará la nueva ley a aspectos como la violencia de género? Estas son algunas de las polémicas que el proyecto de Montero ha suscitado. Para despejar las incógnitas, hablamos con los 2 bandos 'enfrentados': Por una parte, Uge Sangil, presidenta de FELGTB, y Leo Mulió, psicólogo de Transdiversa, y por otra, Sandra, integrante de la Asamblea Abolicionista Madrid, e Irene, de Mujeres por la Abolición.
Autodeterminación de género
La futura Ley Trans recoge una de las demandas históricas de este colectivo, es decir, la despatologización de la transexualidad, lo que permitirá el cambio de sexo sin necesidad de exámenes médicos o psicológicos. Únicamente hará falta una “declaración expresa” de la persona en el Registro Civil.
Desde la FELGTB, califican esta nueva ley como "avance importante" y recuerdan que existen regulaciones de este tipo en otros países y no han sido problemáticos como algunos vatinizaban: "Solo pedíamos dos cosas: autodeterminación de género y despatologización".
Sangil recuerda que el colectivo trans es uno de los más vulnerables de la sociedad. "Podríamos hablar de tasas de paro sobre el 80%, que un 10% haya vivido en la calle o que la dureza de los trámites les afecte a la salud mental".
Por lo que respecta a Transdiversa, añaden que "no se nos puede exigir este tutelaje del Estado ni los requisitos médicos. Solo queremos poder decidir sobre nuestros cuerpos y que nuestros derechos no dependan de terceras personas".
Sin embargo, desde la Asamblea Abolicionista son claros: "Esta ley destruye la lucha feminista. Si decimos que las mujeres lo son porque lo sienten y no por su sexo, pasamos a no ser nada". Así, proponen el concepto de ‘borrado de mujeres’, que hace referencia a la eliminación del significado histórico, jurídico y social de las mujeres para hablar de ellas "de forma deshumanizada".
Además, Mujeres por la Abolición enfatiza que las personas trans "representan al 0,1 % de la población, y se aplicará una ley que para beneficiarles, perjudicará al 52 %, que son todas las mujeres".
Hasta ahora, la regulación del cambio de sexo se basa en la ley de 2007, que explica que los ciudadanos españoles pueden acceder a esto siempre que aporten un certificado psicológico que acredite la disforia de género, así como que no existen trastornos de personalidad que puedan influir. En segundo lugar, es necesario que el solicitante lleve al menos 2 años siguiendo el tratamiento hormonal.
Cambio de sexo de menores
Uno de los grandes choques entre los pro y los anti Ley Trans es el papel de los menores, ya que la nueva normativa permitiría que pudieran cambiar el sexo sin autorización de sus padres los mayores de 16 años. Por ahora, la colaboración de los progenitores sigue siendo necesaria. No obstante, el Constitucional se posicionó sobre esto en 2019, en una sentencia que avalaba que los menores "con madurez suficiente" pudieran solicitar el cambio de sexo.
"Los menores trans se enfrentan a importantes cifras de suicidios y acoso en los centros educativos, lo que se traduce en absentismo escolar y por tanto más probabilidades de caer en la pobreza", aclara Sangil. Además, "hay muchos casos de transfobia familiar y esto les ayudará", añade.
Por su parte, desde la Asamblea creen que los menores son muy vulnerables a los estereotipos de género y esto puede confundirles: "Si un niño escucha que jugar con muñecas o vestir de rosa es de niñas, pensará que es una mujer. Lo que hay que intentar es que se acepten. Si les damos medicamentos desde tan pronto, pueden arrepentirse en un futuro".
Violencia de género
Cómo afectará la normativa a los casos de violencia de género es uno de los puntos más problemáticos para este sector feminista. La ley incide en el hecho que solo se tendrán en cuenta las circunstancias que se daban en el momento del delito, es decir, un hombre no podrá solicitar el cambio de sexo una vez haya sido denunciado. No obstante, desde la Asamblea explican que "la mayoría de estos crímenes no se denuncian, así que un hombre puede ir después de cometerlo y que sea legal el cambio". Esto les supondría que no se les juzgara como violencia de género y que pudieran entrar en prisiones femeninas, dejando en una situación de inseguridad al resto de mujeres.
Además, reflexionan: "Se habla mucho de que los hombres no irán a solicitar este cambio, pero estamos hablando de personas capaces de maltratar o asesinar a sus parejas. Pueden ir sin duda".
Esta teoría la comparten en Mujeres por la Abolición y consideran que esta ley solo sirve para ir "hilando más fino" y que al final "se permitirá que se cambien el sexo una vez ya han sido condenados".
Por su parte, desde la FELGTB inciden en el hecho que cuando se aprobó en España el matrimonio igualitario, muchos pensaban que el tradicional iba a desaparecer y no fue así. "Con esta ley no vamos a restar, sino a sumar. Nosotros seguimos reivindicando los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género".
Así, Mulió remarca que desde 2014, varios países de Europa cuentan con leyes de autodeterminación y no han tenido problemas. Pone el ejemplo de Dinamarca, donde había un periodo de reflexión de 6 meses y lo van a quitar.
Competiciones deportivas
Las competiciones deportivas femeninas siguen abriendo este debate que parece no tener puntos de entendimiento. Las normativas federadas actuales destacan que las personas trans que quieran competir deben someterse a exámenes hormonales para asegurar que se juega sin ventaja y en igualdad de condiciones. La nueva Ley Trans especifica que no se podrá realizar a los participantes pruebas de verificación de sexo, aunque no aclara si también incluye los tests hormonales.
Desde Transdiversa, apuestan por el deporte inclusivo, que deje de marginar a las personas trans, ya que el porcentaje de deportistas trans es muy bajo. Sin embargo, la Asamblea cree que "existe una superioridad física" en las mujeres trans que les hará ganar todas las competiciones.
Leyes autonómicas vs. ley estatal
Actualmente, 11 comunidades autónomas presentan leyes trans que regulan la autoderminación de género y van en la línea que el Ministerio de Montero quiere aprobar. Estas son: Andalucía, Aragón, Balears, Cantabria, Cataluña, País Vasco, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Comunidad Valenciana.
El problema que se manifiesta son las competencias que tienen las autonomías frente a las que tiene el Estado, es decir, mientras las comunidades pueden hacerse cargo de aspectos como la Sanidad o la Educación, hay campos como la Administración que son responsabilidad del Gobierno. En este último punto es donde se encuentra el proceso de cambio de sexo, que es lo que más polémicas despierta en algunos sectores de la sociedad.
Choque de trenes Calvo-Montero
La aprobación de la Ley Trans ha sido uno de los grandes escollos del Gobierno de coalición. Desde el Ministerio de Igualdad, liderado por Irene Montero (UP), han denunciado en varias ocasiones que la socialista Carmen Calvo ha impedido que este proyecto llegue al Consejo de Ministros.
El objetivo de la ministra era que esta ley se aprobara antes del 8 de marzo, sin embargo, todo hace parecer que no será posible. Calvo declaró que la nueva normativa se cumplirá, pero necesita “ajustarse a la Constitución”. De esta forma, aclara que otros ministerios (Educación, Sanidad y Justicia) deben pronunciarse sobre la ley.
Por ahora, el nuevo proyecto de ley se encuentra parado hasta que le den luz verde, mientras las instituciones revisan su legalidad y los partidos del Gobierno se reúnen con los colectivos LGTB y feministas para llegar a acuerdos.
