Según ha informado la Dirección General de la Policía, la red estaba asentada en Italia, Nigeria y Argelia y, tras convencer a las mujeres para venir a España con supuestas ofertas de trabajo, les comunicaban que habían contraído una deuda de 30.000 euros que tenían que saldar ejerciendo la prostitución.
Para mantenerlas sometidas les hacían rituales de "vudú-yuyu", entre ellos comer el corazón recién arrancado de un pollo o beber whisky, y les retiraban la documentación.
El dispositivo ha concluido con la liberación de nueve víctimas y doce registros simultáneos en las localidades de Murcia, Valencia, Torrent (Valencia), Bilbao, Benidorm (Alicante), Parla y Getafe (Madrid).
La operación comenzó a principios de 2016 con el cruce de dos investigaciones que paralelamente estaban llevando agentes de la Policía Nacional especializados en trata de seres humanos tanto en Murcia como en Valencia.
Los policías tuvieron conocimiento de que varias mujeres de nacionalidad nigeriana estaban siendo explotadas sexualmente en esas provincias.
Averiguaron que las víctimas eran captadas en su país de origen con falsas promesas de un trabajo digno y bien remunerado en España y, una vez aceptaban, eran sometidas allí a rituales de "yuyu-vudú" con los que las controlaban, doblegando su voluntad y garantizando su fidelidad.
Por medio de estas prácticas las mujeres se comprometían con sus captores a pagar una deuda económica y a no denunciar a la organización, bajo amenazadas de muerte en caso de incumplir lo pactado.
Así comenzaban un largo viaje por tierra que las llevaba hasta las costas de Libia en compañía de otras jóvenes, también víctimas de la misma organización, utilizando documentos falsos.
Durante el trayecto las mujeres eran informadas del volumen de la deuda contraída, en torno a los 30.000 euros, y de que una vez en España deberían ejercer la prostitución hasta saldarla por completo.
Desde Libia las víctimas embarcaban rumbo a Italia donde normalmente ingresaban en centros de internamiento de los que después escapaban a instancias de la organización, siendo alojadas por algunos de sus miembros en distintas localidades italianas mientras se gestionaba su viaje en avión hasta España.
Una vez en España las víctimas se encontraban en una situación de "absoluta dependencia" de sus explotadores, ha subrayado la Policía, ya que no disponían de ningún tipo de documentación y desconocían la cultura, la legislación y el idioma, además de desconfiar de los procedimientos policiales.
Como no disponían de otros medios de vida que les permitieran salir de dicha situación, se negaban a denunciar su explotación por miedo a sufrir represalias o a ser expulsadas a su país.
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, en funcionamiento desde 2013 y que motivó la activación de la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos.
En 2016, se han recibido 2.179 comunicaciones a través de estos medios, de las cuales 495 han generado algún tipo de intervención por parte de la Policía.
