Velasco ha adoptado esta decisión mientras se decide sobre su extradición a Colombia, al entender que los hechos por los que se le acusa podrían estar prescritos y por padecer el detenido una enfermedad degenerativa grave que le hace ir en silla de ruedas, además de tener en cuenta que, por motivos familiares, tiene arraigo en Madrid, han informado fuentes jurídicas.
Para mantenerle sujeto a esta causa, el juez le ha dejado en libertad con la obligación de comparecer cada semana en el juzgado y de designar domicilio y teléfono y ha acordado también la retirada del pasaporte al detenido, que cuenta con doble nacionalidad colombiana y española.
En esta primera comparecencia ante el juez, al reclamado no se le pregunta aún si desea ser extraditado. Se le planteará esa cuestión cuando las autoridades colombianas presenten la documentación en la que apoyan su reclamación de extradición, para los que cuentan con 40 días de plazo.
Sobre Arboleda, de 40 años, pesaba una circular roja de la Interpol por los delitos de "tortura agravada, aborto sin consentimiento y concierto para delinquir", lo que llevó a su detención la pasada semana.
Según las acusaciones que existen contra él, las víctimas, entre las que había más de cincuenta menores de edad, fueron obligadas a abortar hasta con siete y ocho meses de embarazo. Las mujeres habían sufrido violaciones por parte de miembros de la organización y podían ser fusiladas si se negaban a someterse a la intervención.
La investigación comenzó cuando se recibió de las autoridades colombianas una comunicación sobre la posible presencia en Madrid de un excombatiente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido como "El enfermero", que se habría asentado en España huyendo de la justicia colombiana.
De acuerdo con la información aportada por la Policía Nacional de Colombia, este hombre era responsable de la ejecución de más de 500 abortos forzados a las guerrilleras, entre ellas cincuenta niñas indígenas de la comunidad zabaleta del Chocó, que fueron reclutadas de manera forzosa y obligadas a mantener relaciones sexuales con los guerrilleros.
La mayor parte de las intervenciones se llevaron a cabo entre los años 1998 y 2000, a raíz de una Directiva del Estado Mayor de las FARC en la que se decretaba que se podía castigar con el fusilamiento a las guerrilleras que se negaran a que les practicaran interrupciones del embarazo.
Según informaron las autoridades colombianas, las intervenciones se hicieron durante al menos 15 años en zonas remotas del oeste y centro de Colombia.
"Varias mujeres murieron en estas prácticas de abortos y otras quedaron con lesiones, otras refirieron que esto para ellas fue una tortura", explicó el director nacional de Seccionales y de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, a raíz del arresto.
La práctica del aborto forzado, así como la violación del derecho a la libertad sexual de las guerrilleras, fue abordada el pasado mes de abril en el informe "Violencia sexual como crimen internacional perpetrado por las FARC", elaborado por expertos de la Universidad Sergio Arboleda tras dos años de investigación.
En aquel documento, los investigadores señalaron que son los guerrilleros quienes facilitan anticonceptivos a sus compañeras de armas y en caso de que queden embarazadas son obligadas a abortar en la mayoría de los casos en lo profundo de la selva, con el consiguiente riesgo para su salud.
Si deciden tenerlo, pueden ser juzgadas con posibilidad de sentencia de muerte, algo que solo esquivan las novias o esposas de los comandantes, que pueden tener hijos o una mejor alimentación, entre otras cosas, lo que genera "estratificación" dentro del grupo armado, según el estudio.
