Teresa Laplana ha declarado por videoconferencia en calidad de investigada por un delito de sedición ya que, en su informe, la Guardia Civil señalaba que desoyó las llamadas de ayuda de los agentes durante el asedio el 20 de septiembre en la Consellería de Economía de la Generalitat durante una operación policial para evitar el 1-O.
Tras la comparecencia de Laplana ha comenzado a declarar el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, también como imputado, y al término de su declaración la Fiscalía anunciará si solicita para él medidas cautelares tal y como ha hecho con la intendente.
Después comparecerán los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, todos ellos investigados por sedición, un delito penado de entre 8 a 15 años de cárcel.
Según el atestado de la Guardia Civil, ante el asedio, varios agentes pidieron repetidamente y por escrito ayuda a la intendente Laplana, que estaba desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14.30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
En una de esas peticiones, se trasladó a la intendente de la Policía catalana la necesidad de proteger los tres coches policiales que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados.
Se le dijo que los vehículos tenían "armas largas" y que si los manifestantes accedían a los vehículos "podría incrementarse la amenaza de forma muy importante".
La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era "mantener la situación".
