La Comisión de Venecia aprobó este viernes un dictamen sobre la proposición de Ley de Amnistía en el que expresa sus consideraciones sobre la medida de gracia aprobada esta semana en el Congreso de los Diputados.
Los ponentes no han querido valorar si su informe avala o no la ley y si esta se ajusta a la normativa europea. Lo que ha hecho la Comisión es examinar todas las normas internacionales sobre cómo se regulan las amnistías y los requisitos que deben tener y sí afirma que la amnistía es un objetivo legítimo para la reconciliación social, política e institucional.
El órgano consultivo del Consejo de Europa ha mostrado sus reticencias al marco temporal de la ley, que tras la última modificación amplía los hechos amnistiables desde noviembre de 2011. El dictamen considera que el marco temporal debe acotarse más y pide que se establezca una relación más directa entre los actos de preparación de las consultas independentistas de 2014 y 2017 y los actos de corrupción y malversación que quedarán amnistiados.
"No hemos visto justificación para las fechas propuestas para esta amnistía", señaló Martin Kuijer, representante de la ponencia.
Otro de los aspectos destacados por la Comisión de Venecia es el de la mayoría necesaria para la aprobación de la ley. Y es que los ponentes entienden que no es necesario con alcanzar la mayoría absoluta, sino que recomiendan alcanzar una mayoría cualificada, ya que creen aconsejable que haya una fuerte implicación del Parlamento para "construir puentes".
Otras consideraciones
La Comisión de Venecia también se ha pronunciado sobre si la norma va en contra de la separación de poderes afirmando que no ve ningún problema siempre que la decisión sobre los beneficios individuales de la amnistía sea tomada por un juez basándose en criterios contenidos en el proyecto de ley.
Sobre el terrorismo, consideran necesario asegurarse de que las violaciones graves de los derechos humanos quedan excluidas del ámbito de aplicación de la ley.
