Artadi ha expuesto que esta decisión ha sido comunicada por la 'Oïdoria de Comptes' de la Cámara catalana y se aplicó el 13 de julio porque fue el día en que el Parlament recibió la notificación de la interlocutoria del Supremo en que se comunicaba oficialmente la suspensión de cargo público.
La portavoz ha explicado que aceptan la situación, pero que esto no significa que "no se intente revertir legalmente", y ha asegurado que la decisión final sobre cómo actuar es de la Mesa del Parlament --el órgano rector de la Cámara-- y no del Govern por una cuestión de separación de poderes.
Quien ha tomado la decisión de cortarles el sueldo, la 'Oïdoria de Comptes i Tresoreria' del Parlament, es el departamento de la Cámara que se ocupa de la contabilidad de la institución, la fiscalización previa de los gastos, la realización material de los pagos y la percepción de los ingresos.
Los diputados suspendidos de cargo público por Llarena son seis: el expresidente Carles Puigdemont; el exvicepresidente Oriol Junqueras; el líder de JxCat en la Cámara y expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull.
La decisión de cortarles el sueldo supone que la Cámara acata la decisión del juez Llarena, aunque Artadi ha defendido que "no significa que estén suspendidos", y ha insistido que la decisión final debe ser de la Mesa del Parlament.
Así, ahora mismo la situación de los seis diputados suspendidos es la siguiente: la Cámara les ha quitado el sueldo, pero aún tiene pendiente decidir si les retira sus funciones de diputados y por lo tanto, la capacidad de votar en los plenos.
Precisamente la semana pasada la Mesa abordó este tema y provocó un enfrentamiento ERC-JxCat: los primeros propusieron aplicar el informe de los letrados que proponía sustituir temporalmente a los diputados suspendidos por diputados de su grupo, y los segundos pidieron excluir a Puigdemont de esta sustitución.
Artadi ha asegurado este martes que el Ejecutivo catalán "da por cerrada la crisis" entre JxCat y ERC en el Parlament, pero ha admitido que en la reunión del Govern no se ha abordado el asunto y, por lo tanto, aún queda pendiente encontrar una solución de consenso.
"El tema de las suspensiones queda pendiente y se tiene que acabar de mirar como se traslada a la Mesa del Parlament", ha zanjado la también consellera de Presidencia, que no ha fijado plazos sobre cuándo los dos partidos formularán una propuesta para desencallar el tema.
El pleno del Parlament no se volverá a reunir hasta el mes de octubre, por lo que los dos partidos ganan dos meses de margen para decidir cómo actuar.
Artadi ha culpado al juez Llarena del conflicto que se ha vivido en la Cámara por este asunto: ha considerado que el magistrado aplica un "derecho creativo" que no se ajusta a la legalidad y que, por lo tanto, provoca controversias.
