Fueron 2.259 centros de votación los que se usaron para el referéndum del 1-O. Los peritos han enviado al juez Pablo Llarena un informe al que ha tenido acceso Onda Cero y que es estimativo del valor de uso por arrendamiento de esos locales cedidos o habilitados por distintos órganos administrativos.
Han calculado una renta teórica potencial imputable a la utilización de esos inmuebles y la suma es de 900.900 euros. Por tanto, se suma así casi un millón de euros a la cantidad supuestamente malversada por los dirigentes de la Generalitat investigados por el Tribunal Supremo.
Este informe también será aportado a los jueces alemanes, que han preguntado a Llarena sobre ese delito de malversación de fondos públicos que Puigdemont insiste en no haber cometido.