Madrigal se ha pronunciado así en su discurso de presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado 2015, pronunciado en el acto de apertura del Año Judicial que ha tenido lugar en el Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey Felipe VI.
"En un escenario político y social incierto como el que vivimos, y ante el desafío al Estado de Derecho que con total desprecio al ordenamiento constitucional se plantea desde sectores independentistas, conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal como ha hecho el Constitucional en la sentencia de 2 de diciembre de 2015", ha señalado la fiscal general.
Dicha sentencia anula por unanimidad la resolución independentista del Parlament de Cataluña porque, como ha dicho la fiscal general, la construcción del Estado de Derecho "nunca puede producirse al margen de la ley y los procedimientos legales establecidos".
"Algunos invocan la democracia y la libertad para proponer el incumplimiento de las leyes y la desatención a las libertades de todos que son la esencia misma de la democracia", ha añadido Madrigal, para quien este planteamiento sugiere que "determinados usos de la libertad pueden suponer un peligro para la democracia"
Madrigal ha recordado que "ni la Ley ni la Constitución son inmutables" puesto que pueden reformarse con reflexión, debate y consenso político para adaptarla a los nuevos tiempos. Pero ha querido dejar claro que "frente a las vías de hecho o las pretensiones demagógicas que contraponen legitimidad democrática y legalidad constitucional, solo cabe recordar como hace el TC en la sentencia de 2 de diciembre de 2015 que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución".
"Y en esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el TC y ante los tribunales penales si fuera el caso", ha agregado. Madrigal también ha manifestado su preocupación por la corrupción, un fenómeno que "condiciona la investigación y el enjuiciamiento" porque no se produce solo en la administración, sino que alcanza al sector financiero, mercados, empresas y consumidores.
Además, ha alertado de que las redes criminales internacionales ven en la corrupción política o administrativa una fuente de beneficios que pretenden acaparar y ha recordado que la corrupción afecta tanto al sector público como al privado. Para reforzar su lucha, ha considerado urgente la trasposición de las directivas europeas sobre contratación pública y la adopción de un nuevo y completo marco procesal penal que se aborde desde "un imprescindible pacto de estado".
