CASO DE LOS ERE

Malestar en el sector minoritario del TC ante lo que consideran una amnistía encubierta a los condenados por los ERE

La mayoría progresista del Tribunal Constitucional se dispone a aprobar en el próximo pleno varias sentencias que exoneran la malversación. Por ello, los conservadores insisten, los miembros del Gobierno no gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos.

ondacero.es

Madrid | 25.06.2024 16:45

El pleno del Tribunal Constitucional se reúne la próxima semana y será entonces cuando se presente la ponencia en la que se plantea acabar con la malversación a la que fueron condenados varios consejeros y también el ex presidente José Antonio Griñán.

Ponencia elaborada por Inmaculada Montalbán en su día condecorada con la medalla de oro de Andalucía concedida por el propio Griñán.

Según la minoría conservadora, lo que pretende la mayoría progresista liderada por el presidente Conde Pumpido es una amnistía encubierta de los condenados.

Un daño constitucional "difícilmente reparable"

Dejar en los huesos la sentencia de los ERE supone una irrupción del TC en funciones, exclusivas del Tribunal Supremo, esto es lo que sostiene tanto la minoría conservadora del tribunal de garantías como el propio Supremo, donde hay un malestar creciente ya que este órgano es el intérprete de la ley.

Dicen a Onda Cero fuentes de este alto tribunal, que el TC parece reescribir las sentencias con particular gravedad, en este caso, la de los ERE. El caso más grave de corrupción política institucionalizada y mantenida durante más de 10 años, sostiene en el TC el bloque conservador, de ahí el desprestigio del Tribunal Constitucional y el daño constitucional difícilmente reparable.

La mayoría progresista del TC se dispone a aprobar en el próximo pleno varias sentencias que exoneran la malversación desde que en el 2002 existió una ley que amparaba el sistema de financiación de las ayudas. Sostienen que se les ha juzgado erróneamente por actos de su soberanía política no sometidos al control de los jueces.

Pero la minoría conservadora insiste, los miembros del Gobierno no gozan de inmunidad por los delitos que puedan cometer al elaborar y aprobar los anteproyectos de leyes de presupuestos.