El PP abre una ofensiva contra la 'Ley Celaá' y se sumará a las manifestaciones de la concertada este fin de semana. El PP iniciará a partir de este jueves, día en que está previsto que el Pleno del Congreso apruebe la reforma educativa conocida como 'Ley Celaá', una ofensiva en toda España contra esta norma que incluirá actos de sus cargos con los sectores implicados en cada provincia y recogida de firmas en la calle. Todo ello servirá de base al recurso que los populares presentarán ante el Tribunal Constitucional.
En 'Génova' quieren movilizar a todos sus cargos contra esa reforma educativa. Este jueves por la tarde ya realizarán un webinario vía telemática para instruir a los suyos acerca de por qué el PP rechaza esta ley; y el viernes, los miembros de la dirección del partido y sus parlamentarios realizarán ruedas de prensa y reuniones con colectivos de educación especial y concertada en sus respectivas circunscripciones.
RECOGIDA DE FIRMAS
El PP impulsará además su campaña de recogida de firmas en la calle -la abrió hace algunos días y ya la han secundado cargos como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso- que servirá de base para el recurso contra la norma que presentarán al Constitucional.
La dirección del PP ha implicado a toda su estructura territorial en esa campaña de recogida de firmas para "parar" la norma. "Ayúdanos a parar la 'Ley Celáa'. Porque a todos --familias, centros, docentes y alumnos-- nos une el mismo objetivo: un sistema educativo de calidad que contribuya a una sociedad mejor", asegura el PP en el texto que la Vicesecretaría de Organización del PP ha trasladado a todos sus presidentes provinciales.
Según el PP, la reforma educativa de PSOE y Unidas Podemos supone "la imposición de un modelo único, estatal y laico que pondrá fin a la pluralidad educativa actual". Sin embargo, considera que aún se está a tiempo de pararla. "Aún estamos a tiempo. No permitas que el Estado decida por ti. Defiende junto a nosotros una escuela inclusiva con todos y para todos. Una escuela plural y democrática en la que podamos ser más iguales, más plurales, más libres".
Aún estamos a tiempo. No permitas que el Estado decida por ti. Defiende junto a nosotros una escuela inclusiva con todos y para todos. Una escuela plural y democrática en la que podamos ser más iguales, más plurales, más libres". El PP denuncia que, "por primera vez en la historia de la democracia", la ministra de Educación, Isabel Celaá, "ha excluido a la comunidad educativa de la tramitación de la nueva ley".
Argumenta también que esta reforma "conduce hacia el dominio sistémico del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeras educadoras de sus hijos". Es más, el PP subraya que esa ley "se inventa un derecho a la educación pública" cuando "el derecho reconocido en la Constitución es el derecho a la educación", al tiempo que "la enfrenta al modelo de educación concertada, ampliamente implantado en Europa", "devalúa" la enseñanza de la asignatura de religión y pone en duda la supervivencia de los centros de educación especial".
PREPARA MOCIONES PARA LLEVARLAS A TODOS LOS AYUNTAMIENTOS
Esta ofensiva del PP por toda España irá acompañada de una campaña en redes sociales que el partido ya ha impulsado bajo la etiqueta '#StopLeyCelaá' a favor "del derecho constitucional a estudiar en castellano, por el de los padres a elegir el modelo educativo y por una educación sin sectarismos".
Además, la Vicesecretaría de Territorial del PP está preparando una moción que recogerá todos los argumentos del partido contra esa reforma de Pedro Sánchez y que llevará a todos los ayuntamientos y Parlamentos autonómicos de España con el objetivo de que el PSOE y los demás partidos "se retraten", según los 'populares'.
El PP también se ha adherido al 'Manifiesto Más Plurales' que promueve la plataforma Más Plurales --que engloba a profesionales, colegios y familias-- y que sostiene que la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) es "fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad" del sistema educativo, "que es clave en una sociedad democrática".
