El teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General de Estado, Diego Villafañe, ha declarado este miércoles como imputado en la causa contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz, que se instruye en el Tribunal Supremo. En su comparecencia ha negado haber filtrado el expediente de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha asegurado que medio millar de personas tuvo acceso a esa documentación.
Diego Villafañe, mano derecha del fiscal general del Estado, ha declarado por espacio de hora y media, respondiendo sólo a las preguntas del magistrado instructor, Ángel Hurtado, y a las de su abogado. La fiscal no ha hecho preguntas.
El imputado ha asegurado, tal y como ya dijo la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que más de 500 personas pudieron tener acceso al expediente dentro de la Fiscalía de Delitos Económicos. Mientras que en el correo de la Secretaría Técnica donde estaban los correos del letrado de novio de la presidenta madrileña tuvieron acceso 26 personas. Además, señalo que los 'emails' estuvieron impresos encima de una mesa del fiscal Julián Salto y por tanto pudieron ser vistos por un número mayor de personas.
Villafañe ha indicado al magistrado que nunca tuvo el acceso a los correos, aunque sí conoció el expediente porque como ocurre en las causas con repercusión mediática lo conoció en el proceso de dación de cuentas del Ministerio Público, en virtud del cual conoció 215 expedientes.
Pidió el expediente siguiendo la orden del fiscal general
Según su relato, él pidió el expediente de González Amador a la fiscal provincial cumpliendo una orden del fiscal general. Recibió una llamada de García Ortiz en la que le comunicaba que la fiscal provincial había recibido otra llamada de la jefa de prensa de la Fiscalía comunicando que un periodista había preguntado por cierta denuncia relacionada con el novio de Díaz Ayuso.
El fiscal ha insistido en el Supremo en que el actual procedimiento es nulo, dado que el registro realizado en el despacho del fiscal general fue ilegal. Esta tesis es la misma que defendió García Ortiz en su declaración, durante la llegó a calificar ese registro de "allanamiento".
