El estado de la política fiscal española ha entrado en la agenda de la VI Conferencia de Presidentes, que antes de su comienzo como tal ha contado con la presencia del Rey en un desayuno informal con los asistentes, entre los que no han estado ni el presidente catalán ni el lehendakari.
Ha habido alusiones a ambas ausencias tanto dentro de la reunión (Susana Díaz las ha lamentado) como fuera de ella. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, parafraseando a un dirigente autonómico (no ha dicho cuál), ha comentado que Carles Puigdemont e Íñigo Urkullu "yerran".
La propuesta andaluza de armonización fiscal, lo que consistiría en fijar unos topes mínimos y máximos en tributos como el de sucesiones o patrimonio, ha protagonizado una de las pocas disensiones de la Conferencia, de la que se prevé que saldrán hasta diez acuerdos.
Algunas comunidades, como Extremadura o Castilla y León (gobernadas por PSOE y PP, respectivamente), la han apoyado con el mismo argumento: se trataría ante todo de evitar esa especie de "competencia" entre autonomías por ver cuál es la que baja más impuestos o cuál es la lo baja en mayor medida.
Pero otras, entre ellas Madrid y Baleares, no la han compartido. De hecho, la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha salido en defensa del modelo de su comunidad, tendente a bajar impuestos o dejarlos inexistentes.
Precisamente sobre fiscalidad ha hablado Mariano Rajoy en la intervención de arranque de la Conferencia.
Se ha mostrado a favor de reforzar el Estado de Bienestar a través del nuevo modelo de financiación autonómica, pero ha advertido a las comunidades de que los niveles de recaudación actuales no son los de antes de la crisis.
La cifra de esa distancia es de 20.000 millones de euros, ha precisado el presidente del Gobierno.
Ahora bien, la previsión para este año es que la recaudación aumente, al igual que la creación de puestos de trabajo, que Rajoy ha situado en 400.000 más, y el crecimiento del PIB.
Uno de losprincipales acuerdos a los que llegarán hoy los presidentes del Gobierno y de las comunidades consistirá en comenzar el proceso de reforma de la financiación antes de un mes, para cuando está prevista la creación de un grupo de expertos que analicen cómo ha ido el modelo y qué urge reparar.
Según han avanzado fuentes del Ejecutivo madrileño, en esa fase de estudio y evaluación expertos en la ley de dependencia tendrán un protagonismo especial.
Las fuentes consultadas no coinciden en si esos expertos acudirán a una comisión específica o si contarán sólo con un protagonismo exclusivo en la comisión global sobre financiación.
Relacionado con esto, Castilla y León ha desvelado que anoche, a última hora, se ha acordado que en la renovación de la financiación la sanidad dispondrá de una pieza separada.
No hay plazos para que el nuevo modelo entre en vigor, aunque varios presidentes autonómicos han dejado clara su preferencia: este año.
Otra demanda no contemplada en la agenda ha sido la del Pacto Nacional del Agua que el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ha puesto en la mesa.
Con más o menos entusiasmo, los responsables autonómicos han elogiado el tono y la voluntad de entendimiento.
Terminada la sesión de la mañana, formada sólo por intervenciones de tono político, Rajoy y los demás presidentes se pondrán esta tarde manos a la obra con los diez acuerdos que Sáenz de Santamaría ha dejado prácticamente ultimados.
