Así consta en la confesión de Marjaliza ante el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, trece horas de grabación a las que ha tenido acceso Efe y en las que relata que la trama pagaba comisiones a ayuntamientos por la adjudicación de parcelas para la construcción de viviendas protegidas.
"Me decían, ¿quieres viviendas en este suelo? Sí. Preséntate a este concurso. Nos presentábamos a veinte parcelas y nos adjudicaban cuatro. En el caso de Parla nos adjudicaron seis o siete por un total de 400 y pico viviendas", relata el cerebro de la trama.
Asegura que el intermediario en esas negociaciones era su socio y exalcalde de Cartagena (Murcia) José Antonio Alonso Conesa, a quien la trama daba el dinero para las comisiones, y tiene claro que en el 98% de las adjudicaciones de viviendas protegidas se pagaban comisiones.
Marjaliza, quien afirma desconocer al sucesor de Gómez en Parla, José María Fraile, también imputado, no sabe cuánto se pagó por esas adjudicaciones, pero insiste que fueron "muchas cosas", incluidos mítines "a los que fue Felipe González", banderolas y bebidas. Según su testimonio, en ese caso había una petición "de partido".
En esas facturas ponía "banderolas del Partido Socialista", añade el empresario, quien reconoce que tuvieron que "ir corriendo a cambiar todas las facturas". "Yo, con una promotora, como podrá comprender no utilizo banderolas del Partido Socialista para nada. Entonces se cambiaron las facturas a 'eventos o no se qué'.
El de Parla es el caso que cita directamente el socio de Francisco Granados en la trama cuando el juez le pide que detalle los ayuntamientos con los que habían hecho negocios a cambio de comisiones, pero las grabaciones muestran que ese modus operandi se utilizó en muchos más municipios, en especial en Valdemoro (Madrid), localidad de la que fue alcalde Granados.
Como norma general, la trama pagaba "paquetes" que podían ser de 200.000, de 300.000 o de 50.000 euros, casi siempre una vez realizada la adjudicación, aunque en algún caso, como en la localidad madrileña de Pinto, se pagó antes y luego no se les adjudicó el proyecto, de modo que se les devolvió el dinero.
Tomás Gómez fue Secretario General del Partido Socialista de Madrid (PSM) desde 2007 hasta febrero de 2015, cuando la Ejecutiva Federal del PSOE acuerda su destitución y la creación de una comisión gestora.
En el momento de su destitución la Fiscalía y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investigaba el sobrecoste, en cifrado en 41 millones de euros, de los trabajos de construcción del tranvía de Parla.