"Se trata de investigaciones coordinadas desarrolladas por un juez dentro de un procedimiento judicial y propio de un Estado de Derecho. Imputaciones concretas a personas concretas, garantizándose los derechos evidentemente propios de toda persona investigada", ha señalado Marlaska en declaraciones a los medios en Madrid.
Tras los arrestos, tanto ERC como JxCat han criticado el operativo al considerarlo un intento de criminalizar el independentismo y han exigido la comparecencia de Marlaska ante la Comisión de Interior del Congreso, a sabiendas de que ésta no se podrá producir porque este martes se disolverá la Cámara por la convocatoria de las elecciones generales del 10 de noviembre.
"Vives en un país en el que se detiene a gente de madrugada para buscar pruebas en su contra. Lo comento porque en democracia es justo al revés. La única pregunta que cabe hacerse es quien será el siguiente. Ya avisamos. El 'A por ellos' era un 'A por todos'", ha escrito el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, en su cuenta de Twitter.
De su lado la portavoz de JxCat, Laura Borràs, ha reclamado a Marlaska por una operación que ha tildado de "opaca y criminalizadora contra el independentismo". "¿Primero detienen y después investigan'?", se ha preguntado en la misma red social.
Marlaska, como máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha defendido que la Guardia Civil ha actuado como policía judicial en este operativo, que ha sido coordinado y dirigido por la autoridad judicial, el juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, "como es propio de un Estado de Derecho".
Los nueve detenidos en esta operación de la Audiencia Nacional están imputados por delitos de terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos. "Son personas concretas a las que se les imputa hechos concretos, que los ha determinado la autoridad judicial en los autos de entrada y registro que ha acordado", ha incidido.
Dos de los detenidos han quedado en libertad y los otros siete tienen previsto viajar a Madrid para pasar a disposición de la Audiencia Nacional. "La autoridad judicial y todas las autoridades en un Estado de Derecho, lo que hacen, lo que hacemos, es garantizar los derechos del conjunto de los ciudadanos y evidente, más aún si se adopta una medida privativa de libertad, como es el caso concreto", ha indicado el ministro.