Existe el riesgo de basar el interrogatorio a la hija del Rey en “reproches éticos” y no en “hechos presuntamente delictivos”.
El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha renunciado a recurrir la imputación de la infanta Cristina pero no a defender su teoría de que el supuesto fraude fiscal de la hija del Rey no superó el umbral de los 120.000 euros que supondrían la consideración de delito. En un escrito presentado hoy ante el juzgado de José Castro, solicita que antes de que el 8 de febrero tenga lugar la declaración de la imputada, el juez interrogue a los dos responsables de los informes de Hacienda que concluyen que la infanta no incurrió en delito fiscal y a la inspectora que excluyó de la inspección a la esposa de Iñaki Urdangarin.
Según Horrach, no sólo es “escasamente probable”, como señala el juez, que la infanta supere el umbral de los 120.000 euros que supondría el delito fiscal, sino “materialmente imposible”. Todas las enumeraciones del juez sobre sumas inferiores a ese umbral son “irrelevantes” e “inocuas”. Tampoco tiene sentido, según Horrach, “teorizar” sobre gastos personales cargados a la sociedad, cuando es conocida su nula relevancia penal puesto que esta práctica no está contemplada como delito en el Código Penal. Añade que es “sumamente sencillo” no “imposible” como dice Castro, determinar las cuotas que la infanta podría haber defraudado a Hacienda, y se pregunta por qué no lo hace cuando resulta tan sencillo.
Además, le resulta incongruente que se impute a Cristina de Borbón, ajena a la administración de Aizoon, por conocer cómo y de qué forma tenían legalmente que tributar los rendimientos, cuando “el propio juez” manifiesta reiteradas dudas e hipótesis acerca de la correcta tributación y expone un abanico variopinto de posibilidades.
El fiscal traslada un rosario de reproches muy duros contra el auto de imputación de Castro, a quien acusa de construir la “tesis inculpatoria” de la infanta sobre una “teoría conspiratoria” que cuestiona la labor de los inspectores de la Agencia Tributaria.
Horrach considera preciso oír a estos funcionarios para que aclaren las dudas de naturaleza tributaria que pone de manifiesto Castro y para evitar que se sigan basando los indicios contra la infanta en la “absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa”. Entre la batería de críticas directas al juez instructor, el fiscal le llega a decir que confunde ingresos con cobros, cuando toma como ingresos cobros realizados entre 2006 y 2008 derivados de facturas de ejercicios anteriores.
TRES FACTURAS
El escrito incluye una explicación detallada de por qué la fiscalía cree que hay que amparar a los inspectores de Hacienda frente a las acusaciones de que han ido acomodando a las circunstancias la interpretación de las facturas y, en concreto, de los tres pagos recibidos por Aizoon de Intuit Strategy Innovation (sociedad de Torres) que, según el juez, Hacienda considera ahora gastos deducibles para que la infanta no supere el umbral del delito.
El fiscal recuerda que la Agencia Tributaria no ha dejado de considerarlas ficticias y que, en su día, al realizarse el levantamiento del velo de Noos, imputó directamente esos rendimientos al IRPF de Urdangarin y Torres.
Sin embargo, debido a una orden “altamente contradictoria” del juez, posteriormente se vio obligada a hacer una liquidación hipotética de Aizoon (y únicamente de Aizoon) que no se ajustaba a la realidad, de modo que esos importes de las facturas eran materialmente beneficios de INTUIT, y por tanto de Torres y, paralelamente, gasto deducible de Aizoon, o sea, de Urdangarin.
