El Artículo 384 de la Lecrim obliga con claridad meridiana a la suspensión de funciones de los procesados por rebelión que están en prisión preventiva. Esa misma obligación la recoge también el Reglamento de la Cámara, algo que ya le recordó a Meritxell Batet el Tribunal Supremo.
El propio tribunal deberá responder a esta petición de Batet y también a la de la Fiscalía, que ha pedido que inste al Congreso y al Senado a que esa suspensión sea "automática" y sin más trámites, porque hoy por hoy "no se está cumpliendo la ley".
