La Mesa del Congreso analiza este martes la proposición de ley de amnistía que el PSOE pactó con ERC y Junts después de que los letrados de la Cámara la hayan avalado al valorar que no supone un indulto general como la iniciativa que fue rechazada por la Mesa del Congreso en 2021.
En el informe, los letrados inciden que la proposición de ley no puede ser bloqueada por la Mesa, ya que no corresponde a este órgano decidir sobre la constitucionalidad de la norma que se plantea.
Estiman que la calificación de las iniciativas por parte de la Mesa no está pensada como una primera instancia judicial o una especie de control previo de constitucionalidad.
Los juristas apuntan que la proposición de los socialistas "carece de defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite". También se señala que la ley de amnistía que los partidos independentistas plantearon en 2021 era distinta, ya que estaba concebida como un indulto general.
El letrado mayor del Congreso dirá este martes a la Mesa si debe o no firmar la ley de amnistía
El nuevo secretario general del Congreso, Fernando Galindo, cargo que le señala para firmar la proposición de Ley de la amnistía, se pronunciará ante la Mesa de la Cámara sobre si debe o no abstenerse en este trámite al haber sido miembro del Gobierno recientemente.
De esta forma tendrá que responder a la recusación que el grupo parlamentario del PP ha planteado al considerar que Galindo no debe intervenir en el trámite de calificación de la ley de amnistía ya que se "vulnerarían los principios legales de imparcialidad y objetividad".
Los populares aluden al artículo 24 de la ley del Régimen Jurídico del Sector Público que señala que autoridades y personal al servicio de las administraciones deben abstenerse de intervenir en procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato en el caso de "tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar".
El PP argumenta que Galindo ha sido subsecretario en el Ministerio de Política Territorial dos días antes de haber sido nombrado letrado mayor del Congreso y que además está casado con la que fue directora general de Relaciones con las Cortes justo antes de desempeñar el nuevo cargo.
El mismo artículo de la ley a la que alude el PP señala como motivo de abstención en un procedimiento el "tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable...con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato".
Según esta norma, al día siguiente de registrarse por escrito la solicitud de recusación, Galindo debería manifestar si se da o no en él la causa alegada a su inmediato superior, en este caso la presidenta del Congreso, Francina Armengol y la Mesa de la Cámara.
En caso de que Galindo decida abstenerse, la Mesa del Congreso presidida por Armengol deberá sustituirle, aunque si el recusado niega la recusación, el órganos superior tendrá que resolver en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
De esta forma, la Mesa de la Cámara, que ha retrasado a las 11,00 de la mañana su reunión, tendrá que resolver cualquier decisión.
Y aunque este órgano tiene mayoría de PSOE y Sumar y podría considerar válida la firma de Galindo, los populares le pedirían justificarla por lo que la proposición de ley podría retrasarse todavía unos días en su primer trámite de calificación en el Congreso, tal como pretende el PP.
