Buch alega que sólo "escenificó" el apoyo "político" de los alcaldes al referéndum del 1-O

Buch, junto a la expresidenta de la Asociación de Municipios la Independencia (AMI) Neus Lloveras, ha declarado hoy como investigado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a raíz de una querella de la Fiscalía, que le acusa por promover el apoyo de los ayuntamientos al 1-O.

El conseller y Lloveras, exdiputada de JxCat y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), han acudido a declarar ante el juez del TSJC Jordi Seguí, arropados por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y por el gobierno catalán en pleno, con la excepción de la consellera de Justicia, Ester Capella.

El TSJC investiga a Buch y Lloveras por un delito de desobediencia, por haber promovido el 1-O entre los alcaldes, buscando el apoyo logístico de los ayuntamientos independentistas al referéndum, pese a que la consulta había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

La querella de la Fiscalía se basa en tres correos que las entidades soberanistas enviaron a los alcaldes que las integraban: uno con un modelo de decreto de alcaldía para que mostraran su apoyo al referéndum, otro con un informe de un colectivo de Secretarios e Interventores de la administración local por la independencia que defendía la legalidad de la consulta y un tercero con una copia de carteles de propaganda del 1-O.

Según han informado fuentes judiciales, Buch ha recalcado ante el juez que el decreto de alcaldía enviado a los alcaldes era una mera propuesta de "declaración política" con la que se pretendía "escenificar" el apoyo de los ayuntamientos "del territorio" al 1-O, aunque ha precisado que cada consistorio era libre de sumarse o no a la iniciativa, dado que la ACM se fundamenta en el "respeto a la autonomía local".

En ese sentido, tanto el conseller como Lloveras han destacado que la ACM y la AMI eran "entidades privadas" de las que formaban parte ayuntamientos de distinto signo político, no sólo independentistas, también del PP y del PSC.

Los investigados han argumentado además que, dado que no ostentaban ningún cargo público vinculado a la organización del 1-O, no recibieron el apercibimiento que el Constitucional remitió a los miembros del Govern y de la Mesa para advertirles de su obligación de impedir la celebración del referéndum suspendido.

Respecto al modelo de carteles de publicidad del 1-O que se remitió a los alcaldes cuando la consulta ya había suspendida, Buch y Lloveras han señalado que esta gestión no tenía nada que ver con la organización del referéndum, porque cada ayuntamiento podía decidir voluntariamente si los colgaba o no en su municipio.

Los imputados se han desvinculado también del documento de secretarios municipales defendiendo la legalidad del 1-O y han apuntado que se limitaron a dar difusión a un informe relacionado con la consulta que había confeccionado una "sectorial" de cargos municipales que forma parte de las entidades locales soberanistas.

En declaraciones a los periodistas tras su comparecencia judicial, de menos de media hora cada uno y en la que el fiscal no ha formulado ninguna pregunta, Buch ha subrayado que se limitaron a "informar" a los ayuntamientos sobre la aprobación de la ley y los decretos sobre el referéndum, como hacían con toda la actividad legislativa, y que también "animaron" a los consistorios a participar en el referéndum.

En cualquier caso, ha insistido que actuó siempre "respetando" la autonomía local de los ayuntamientos y que no dio ninguna orden a los alcaldes, tan sólo "recomendaciones" para que contestasen a las peticiones que recibían del gobierno catalán y del Parlament tras la aprobación de la ley del referéndum.

En la misma línea, Lloveras ha asegurado que la ACM y la AMI, como entidades municipalistas, eran "espacios de debate político" que expresaban "opiniones y voluntades", pero que no dieron ninguna orden a los alcaldes para que se comprometieran con el 1-O, tan sólo "recomendaciones" ante la "inquietud" que tenían algunos cargos municipales tras la aprobación de la ley del referéndum.

"Hacer política, opinar, posicionarse sobre temas de actualidad, no puede ser un delito", ha indicado la alcaldesa de Vilanova, que ha recordado que el Tribunal Supremo archivó la causa que abrió en su contra -por integrar supuestamente el núcleo duro que diseñó la hoja de ruta independentista-, después de un interrogatorio en el que también le preguntaron por estos correos.

Los actuales presidentes de la ACM y de la AMI, David Saldoni y Josep Maria Cervera, respectivamente, han acompañado también a Buch y a Lloveras al TSJC y han asegurado que sus predecesores solo canalizaron la voluntad que les habían expresado la mayoría de alcaldes catalanes.