Lo pretende sin cobertura legal posible, sin organización internacional que se lo avale, sin gobierno de otro país que se lo reconozca y, por supuesto, sin crédito para la Unión Europea. Pero lo pretende.
Confiado en que la actuación policial de ayer en algunos edificios públicos para asegurar el cierre de os mismos y la retirada de las llamadas urnas y las papeletas le sirva para alimentar la idea de que él, el gobierno autonómico, encarna la noble lucha por la libertad y la justicia frente a un estado autoritario y represor que envía a la fuerza bruta a lesionar votantes.
Y reforzado, sobre todo, en su pretensión de proclamar lo que le parezca oportuno ante la evidencia de que aquello que hasta ahora pretendía en buena medida logró hacerlo.
Lo de ayer aquí no fue, en efecto, un referéndum. Ni nada que remotamente se le parezca.
Pero se vieron unos recipientes con ranura colocados en locales públicos a los que acudieron miles de personas a introducir una papeleta. No es un referéndum. Pero sí es la prueba de que el Estado, utilizando todos los recursos a su alcance (eso se nos dijo, todas las instituciones del Estado movilizadas en la defensa de la legalidad constitucional) no alcanzó a poder impedir que aparecieran la urnas, que se abrieran colegios y que se votara. Y sí es la prueba de que ante esta embestida contra la Constitución, urdida y ejecutada desde dentro del propio Estado (porque estado es la administración autonómica), la capacidad de las instituciones se ha revelado insuficiente.
La embestida del primero de octubre en Cataluña presenta una diferencia esencial con las rebeliones anteriores a que se enfrentó la España democrática. Ésta cuenta con el respaldo, activo, de dos millones de personas que desean que la embestida triunfe.
A sabiendas de que es una afrenta a la legalidad democrática. A sabiendas de que están arrogándose un derecho del que no son titulares, hay dos millones de personas.
• dichosas de colaborar en lo que saben que es un desafío al resto de la sociedad;
• orgullosas de participar en una operación contra el sistema;
• encantadas con la idea de hacer aceptar la autodeterminación por la vía de los hechos consumados;
Cuando hay empresarios dispuestos a financiar la operación y ocultar, como gestiones privadas, maniobras públicas. Cuando hay colectivos profesionales, asociaciones de pelaje diverso, sindicatos, pequeñas patronales ofreciéndose a participar en el asalto. Cuando hay miles de padres y profesores dispuestos a ocupar los colegios como si fueran suyos y con los críos dentro. Conductores ofreciendo sus coches para el transporte del material clandestino. Curas que ponen el púlpito al servicio de la causa y una policía autonómica que antepone el éxito de la aventura al cumplimento de las instrucciones judiciales, pues sí, es muy difícil que por algún lugar no te la cuelen. Las urnas, las papeletas y las llaves de los locales.
Pero aún así, el hecho al final es que han conseguido burlarte.
Que el Estado constitucional en Cataluña no ha sido capaz de ganarle la partida a la administración en rebeldía.
Porque se confió en que los Mossos actuaran antes. Porque se confío en que los servicios de inteligencia localizaran antes las urnas. Porque se confió en que se prolongara todo el día el apagón informático en los centros de votación.
Por lo que fuera. Pero el empeño del gobierno por desmantelar la logística del referéndum no se vio coronado por el éxito completo.
Si el 9-N de 2014 dejó la inquietante constatación de un presidente que no hizo nada para impedirlo, el 1-0 de 2017 deja la constatación aun más inquietante de un presidente que dice haber hecho todo lo que estaba a su alcance.
Incluido el uso de la fuerza.
El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza porque la fuerza es, en ocasiones, necesaria para hacer cumplir la ley y para defender al propio Estado de quienes lo combaten. Pero el uso de la fuerza casi nunca se traduce en escenas agradables. Y la pregunta inevitable hoy es si fue inteligente pagar ese peaje sabiendo que, al final, el objetivo último no alcanzaría a conseguirse. Porque se verían urnas y se vería gente votando en cientos de locales. Porque la causa independentista haría de ello el mayor de los agravios posibles. Porque una parte de la sociedad, no independentista, manifestaría su repulsa. Y porque la unidad del bloque constitucional, entre tanta incomodidad, se vería debilitada.
No sucedió. El referéndum. Y escuchando a Rajoy, pareciera que no sucedió en realidad nada. Que no vimos las urnas chinas. Ni las papeletas. Ni a cientos de personas votando en algunos locales públicos.
Y pareciera que aún cabe reconstruir la normalidad institucional convocando a la tarea a los grupos parlamentarios. A pesar de que esta semana lo que volverá a verse en Cataluña es la anormalidad institucional de un gobierno autonomico que declara la independencia del territorio.
A por ello va. A consumar la ruptura y la embestida. Este hombre pretende proclamar que la Constitución ya no vale en Cataluña.
El PSOE le señala a él, a Puigdemont, como responsable de haber llevado las cosas al extremo.Pero insta a Rajoy a negociar con este gobierno catalán un pacto.
Si esta semana se produce la declaración de independencia, la aplicación del articulo 155 sería poco discutible.
