Israel Ruiz, responsable de la sección de estibadores de UGT, asegura que la nueva huelga de estibadores anunciada por el sector está motivada por la cancelación de la reunión con el ministerio de Empleo por parte del Gobierno. "Nos traen un real decreto que quiere ir más lejos de lo que dice la sentencia de Luxemburgo", asegura. Solicita que se busquen fórmulas que garanticen la continuidad en el empleo y la formación de los estibadores. "No queremos un decreto que despida a todos y se indemnice con dinero público. Ni que los puertos sean una jungla donde se contrate solo por ETT".
Por su parte, Julio Gómez Pomar, secretario de Estado de Infrasesctructuras considera que hay que aprobar urgentemente el decreto ley porque al incumplir la sentencia europea que condena a España a pagar una cantidad diaria se ha acumulado una deuda de 21 millones de euros. Deuda que, asegura, subiría cuantitativamente en el caso de que se reciba una nueva sentencia de Luxemburgo.
Destaca que el Gobierno lleva dos años de negociaciones con la UE y la patronal y está listo para aprobar un real decreto que ya está aprobado y cumple estrictamente con la sentencia y abre el camino de la negociación colectiva. Desde la patronal contradicen esta versión y aseguran que el real decreto se va a aprobar cuando estaban a punto de llegar a un acuerdo con sindicatos.
El economista Juan Rayo tiene otra visión y cree que el error ha sido pensar que los propios colectivos podían negociar sus condiciones. "Tendría que haber sido el Gobierno quien liberalizara el sector hace tiempo pero ha tenido que venir la UE para hacerlo", denuncia.
