La futura ley de Seguridad Ciudadana, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, reconocerá a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad si prospera una enmienda pactada por PSOE y Unidas Podemos registrada este miércoles en el Congreso.
Si finalmente se aprueba, la conocida actualmente como "ley mordaza" contará con una nueva disposición final, la segunda bis, que en realidad modifica el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria que data de 1979.
De este modo, según la enmienda, estos funcionarios tendrán "a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad" y podrán "identificar tal condición por su número de registro profesional, en procesos administrativos y judiciales que sean consecuencia de su actividad profesional".
Asimismo, los proponentes de la enmienda quieren que la Administración resarza económicamente a los funcionarios penitenciarios "cuando sufran daños personales o materiales en acto o con ocasión del servicio, sin mediar por su parte dolo, negligencia o impericia graves".
En los procedimientos penales seguidos contra funcionarios de prisiones "se garantizará su separación del resto de los detenidos, en caso de detención, y en el supuesto de ser ingresados en prisión y en los traslados bajo custodia, se realizarán con separación de otros reclusos con el fin de salvaguardar su integridad física".
Precisamente, la consideración de estos empleados como agentes de la autoridad está sobre la mesa de negociación de los sindicatos con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, dentro de los objetivos que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha expresado en sus diferentes comparecencias parlamentarias.
Otros grupos políticos, como PP y Vox, también han demandado en muchas ocasiones esa consideración.
Los sindicatos valoran esta enmienda
ACAIP-UGT y CSIF han relacionado esta enmienda a la Ley Mordaza con la declaración del conflicto colectivo y las peticiones de dimisión del secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, al que cuestionan tras las últimas agresiones a trabajadores penitenciarios y por la política relativa a la progresión de terceros grado, como ocurrió con el detenido por el crimen de niño de nueve años en Lardero (La Rioja).
"Valoramos positivamente el paso dado, pero resulta insuficiente dentro del conflicto colectivo", han apuntado ambos sindicatos en un comunicado, que insisten en la necesidad de aprobar cuanto antes la Ley de la Función Pública con la adscripción del Cuerpo de Ayudantes al Grupo B del EBEP, incluyendo "una justa retribución de todos los trabajadores de la institución".
