El Tribunal Supremo tiene que tomar nuevas decisiones después de Navidades tras determinar que el borrado de mensajes no libra del procedimiento al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
La eliminación de los mensajes, de hecho, apunta a una ampliación de la fiscalización por parte del alto tribunal de los movimientos de García Ortiz durante los siete días en los que sitúa la filtración de los mensajes de Alberto González Amador.
La Fiscalía General del Estado ha intentado justificar el borrado de mensajes aludiendo a un protocolo de seguridad interno, si bien muchos fiscales aseguran que no es una práctica habitual.
APID pide elevar la causa a "delito de prevaricación administrativa"
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada como acusación popular, ha exigido que se tome ya declaración a García Ortiz como imputado por prevaricación administrativa, revelación de secretos por apoderamiento ilegal y, de forma alternativa, por infidelidad en la custodia de documentos públicos.
APIF califica como "una prueba incriminatoria donde las haya" tanto la forma (llamadas y mensajes fuera del horario laboral), "la falta de constancia posterior" y "el borrado de los mensajes", así como "la brecha de seguridad al sacar de un entorno seguro la información secreta a un correo no corporativo".
Para la organización es motivo suficiente para elevar la causa a "un delito de prevaricación administrativa en concurso con el delito bien de infidelidad en la custodia de documentos públicos o bien de descubrimiento y revelación de secretos".
Sobre el borrado de mensajes, APIF pide al Supremo que se la UCO aclare si los mensajes o correos pueden recuperarse "mediante aplicaciones como Cellebrite o cualesquiera que use" y solicita "el listado de llamadas entrantes y salientes de los móviles" del fiscal general y de la fiscal jefe de Madrid como otra vía de investigación.
González Amador coincide con APIF
Esta petición es la misma que ha presentado el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, como acusación particular. También solicita la "relación de ocasiones en las que desde el 7 de marzo miembros de la Fiscalía General del Estado hayan cambiado de dispositivo".
Al igual que la APIF, solicita que se abra una nueva línea de investigación para analizar las posibles conversaciones del fiscal general con la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, el exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés; su sucesor y exdirector de comunicación del PSOE, Ion Antolín, y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada. Todos ellos tuvieron acceso al email que acabó en manos de Juan Lobato, exsecretario general del PSOE de Madrid.
González Amador pide que la búsqueda de conversaciones pase al móvil de la fiscal jefa provincial de Madrid, que se reclame al jefe de gabinete de Lobato, David del Campo, sus conversaciones entre el 7 y 14 de marzo y que se solicite a Google copia de "todos los correos" de García Ortiz en los que aparezca la palabra Ayuso".
La defensa también pide la imputación de Diego Villafañe, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, porque jugó un papel clave en los hechos. Fue el primero en pedir a la fiscal jefe provincial de Madrid que le enviara todas las actuaciones de la investigación contra González Amador.
