La Audiencia Nacional ha desvelado nuevos detalles sobre la compleja trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos, que investiga un presunto desfalco de más de 182 millones de euros en el IVA. La causa, dirigida por el juez Santiago Pedraz, involucra al empresario Víctor de Aldama y a otros miembros de una supuesta organización criminal que habría diseñado un sofisticado esquema de blanqueo de capitales.
El levantamiento del secreto de sumario por parte del magistrado ha sacado a la luz los mecanismos utilizados por la red para evadir impuestos y legitimar fondos de procedencia ilícita. Según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, los delitos se habrían cometido entre 2022 y 2024 a través de una estructura societaria paralela vinculada al sector de los hidrocarburos. En este entramado, las cuentas bancarias de empresas suministradoras jugaron un papel clave al transferir grandes cantidades de dinero a sociedades creadas para blanquear los fondos.
Entre los principales implicados se encuentran la empresaria María del Carmen Pano Sánchez, su hija Leonor María González Pano, y Luis Alberto Escolano, socio de Víctor de Aldama. Todos ellos fueron detenidos el pasado lunes por agentes de la UCO, sumándose al propio Aldama, que ya se encontraba en prisión desde octubre por su presunta participación en el fraude.
El papel de un empresario chino-portugués en la trama
Uno de los aspectos más reveladores de la investigación es el estrecho cerco que la Guardia Civil ha tendido sobre un ciudadano de origen chino, vinculado al blanqueo de dinero para la red. Este empresario, cuya identidad no ha sido revelada, opera desde Hong Kong, pero cuenta con al menos media docena de sociedades registradas en Portugal, que habrían servido como canal para legitimar los fondos generados por el fraude fiscal, tal y como detalla LA RAZÓN en esta información.
La empresa Jiahe Wanji Mining Limited, con sede en Hong Kong, es una de las principales piezas del rompecabezas. Constituida en diciembre de 2019, esta sociedad carece de página web y detalles públicos sobre sus socios, lo que ha despertado sospechas entre los investigadores. Según las diligencias, la compañía ofrecía servicios a la red de Aldama y su socio Claudio Rivas, utilizando las sociedades lusas para ocultar el origen ilícito del dinero.
Fuentes del caso indican que las operaciones de esta empresa se extendían a diversos servicios que, aunque no detallados, habrían sido instrumentalizados para facilitar el blanqueo. La Guardia Civil continúa analizando los vínculos de esta estructura con otros actores clave en la trama.
El levantamiento del secreto de sumario
El juez Pedraz justificó la decisión de levantar el secreto de sumario al considerar que, en esta fase de la investigación, los implicados ya no podrían obstaculizar las pesquisas ni manipular pruebas. Esta medida permitirá a las partes involucradas acceder a las actuaciones, presentar pruebas y controlar el desarrollo del caso en igualdad de condiciones.
La resolución también subraya la magnitud y complejidad de la trama, que combina delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. A medida que avanzan las investigaciones, se espera que surjan nuevos detalles que arrojen luz sobre el entramado y la implicación de otros actores en la red.
Este caso pone de manifiesto, una vez más, cómo el fraude fiscal y el blanqueo de capitales pueden cruzar fronteras y valerse de estructuras empresariales en diferentes países para ocultar sus operaciones. La colaboración entre las autoridades españolas y otros organismos internacionales será clave para desentrañar esta compleja trama y llevar a los responsables ante la justicia.
