La Conferencia Episcopal Española (CEE) aprobó este martes en una asamblea plenaria extraordinaria su Plan de Reparación a víctimas de abusos en la Iglesia de "forma unilateral", sin tener en cuenta las recomendaciones del Gobierno como que la reparación sea obligatoria para cada diócesis y que escuchen a las víctimas.
Así lo señaló el presidente de la CEE, Luis Argüello, en una rueda de prensa tras aseverar que "el Gobierno de la nación debe de respetar las reglas de juego" que tiene una institución como la CEE que, "tiene derecho a organizarse y a responder como considere respecto a sus obligaciones".
Argüello también pidió al Ejecutivo que "piense en todas las víctimas" y no solo en las que ha habido en el seno de la Iglesia católica. "Nosotros tenemos nuestras obligaciones con las víctimas de la Iglesia", pero "el Gobierno tiene la responsabilidad sobre todas las víctimas que se producen".
Preguntado sobre la posibilidad de volver a reunirse con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para llegar a un acuerdo final que satisfaga a las dos partes, aseveró que "con una mirada sesgada es difícil encontrar acuerdos".
Sobre la denuncia formulada por las asociaciones de víctimas de abusos de la Iglesia de que los obispos no les han tenido en cuenta, dijo que "queremos escuchar a asociaciones de víctimas y acoger su relato. La iglesia quiere acoger, acompañar y reparar el dolor", y en este sentido recordó que la Iglesia lleva practicando esa reparación "desde hace 20 años", aunque "con diversos ritmos", y que contempla indemnizaciones económicas para los casos que hayan prescrito o en los que el agresor haya fallecido.
Los obispos atenderán a los afectados en las Oficinas de Atención a las Víctimas que pondrán en funcionamiento y además aseguró el portavoz que la Iglesia católica continuará con la difusión en los centros educativos de la Iglesia de la 'Guía para la prevención y reparación de abusos sexuales a menores en centros educativos' publicada por Escuelas Católicas y que trabajará en la implantación en los centros de la figura del coordinador de bienestar y protección.
"La Iglesia ha abierto hoy una puerta para poder escuchar a cualquier víctima, para acoger su dolor y responder a su reparación", proclamó Argüello, y reiteró que sobre la obligatoriedad de indemnizar a las víctimas explicó que el plan de reparación aprobado "no aparecerá en el Boletín Oficial del Estado" pero hay compromisos que funcionan sin estar en el BOE.
El plan de reparación establece la creación de una Comisión Asesora que tendrá como objetivo evaluar cada caso de manera singular para analizar los daños causados a las víctimas y definir las vías de reparación a las entidades que deban llevarlas a cabo.
Esa Comisión estará formada por diez personas: cuatro expertos del ámbito médico forense, cuatro del ámbito jurídico, y un representante de la CEE y otro de la Conferencia Española de Religiosos (Confer). La Comisión podrá convocar a un representante de las víctimas o de las asociaciones que trabajan con víctimas.
La Comisión recogerá toda la información ya elaborada por las personas que han atendido a esa víctima, para no revictimizar. Con todos los datos, la Comisión ofrecerá un informe de los casos presentados, que se circunscriben a aquellos que no pueden ser juzgados por el fallecimiento del victimario o por la prescripción del delito.
La Comisión, con la ayuda de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos, elaborará un posible baremo o sistema de valoración de los daños y perjuicios padecidos. Para ello se tendrán en cuenta los baremos propuestos por la ley civil y los criterios orientadores de otras Conferencias episcopales del entorno.
