La ONU ha instado al Gobierno a adoptar "todas las medidas necesarias" en relaci贸n con las "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Arag贸n, Castilla y Le贸n y la Comunidad Valenciana para garantizar "la preservaci贸n de la memoria hist贸rica de graves violaciones de los derechos humanos".
En un escrito recuerda que todos los poderes del Estado, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales "deben cumplir con la obligaci贸n de proteger los derechos humanos", y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de Espa帽a.
Lo expone en una comunicaci贸n conjunta del Relator Especial sobre la promoci贸n de la verdad, la justicia, la reparaci贸n y las garant铆as de no repetici贸n (Fabian Salvioli), el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (su presidenta Aua Bald茅) y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias (Morris Tidball-Binz).
La ONU insiste en que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, obstaculizar铆an el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociaci贸n, advierte la comunicaci贸n de la ONU.
Este informe responde a la iniciativa del Gobierno central de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democr谩tica emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades aut贸nomas.
El Ejecutivo anunci贸 en abril su intenci贸n de recurrir a Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, y al Consejo de Europa estas iniciativas.
"Contundente" informe de la ONU
Tras el "contundente" informe de la ONU el Gobierno pedir谩 a las tres comunidades aut贸nomas la revisi贸n urgente de estas iniciativas, han explicado fuentes del Ejecutivo.
Considera que el hecho de que varios relatores y un grupo de trabajo firmen una comunicaci贸n conjunta pone de manifiesto "la gravedad de las infracciones constatadas".
La comunicaci贸n de la ONU incide en que las leyes podr铆an transgredir la obligaci贸n de Espa帽a, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservaci贸n de la memoria hist贸rica de graves violaciones de derechos humanos.
Para la ONU pueden acarrear l铆mites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las v铆ctimas, al ordenar la supresi贸n de m煤ltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria hist贸rica sobre las graves violaciones de derechos humanos previstas o creadas en cumplimiento de la legislaci贸n estatal y auton贸mica vigente en la materia.
Adem谩s, obstaculizan o suprimen la subvenci贸n de proyectos de memoria hist贸rica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el r茅gimen dictatorial franquista, y omiten nombrar o condenar dicho r茅gimen, se帽ala.
La ONU expone la obligaci贸n del Estado espa帽ol en su conjunto de garantizar la preservaci贸n de la memoria colectiva "relativa a las violaciones manifiestas de los derechos humanos, tales como las cometidas en periodo de dictadura franquista y guerra civil, en tanto elemento esencial de la reparaci贸n debida a las v铆ctimas, de las garant铆as de no repetici贸n de la violencia pasada y del derecho a participar en la vida cultural".
Procesos de memorializaci贸n
"Dicha obligaci贸n incluye el deber de adoptar procesos de memorializaci贸n que permitan reconocer, recordar, preservar y transmitir la informaci贸n sobre las violaciones sufridas, en respeto pleno a la dignidad de las v铆ctimas y en consulta efectiva con ellas", a帽ade.
Recuerda las obligaciones internacionales suscritas por Espa帽a en relaci贸n con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol铆ticos o la Convenci贸n Internacional para la protecci贸n de todas las personas contra las desapariciones forzadas entre otros tratados.
En este sentido, Naciones Unidas se帽ala el derecho de las v铆ctimas y sus familias a conocer la verdad sobre la perpetraci贸n de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, as铆 como la obligaci贸n del Estado de adoptar medidas adecuadas para recordar esas violaciones, para preservar los archivos y otras pruebas relativas a esas violaciones y la posibilidad de consultarlos, y facilitar el conocimiento sobre tales violaciones.
El escrito concluye instando informaci贸n de parte de los poderes y entidades p煤blicos pertinentes sobre c贸mo las leyes de 'concordia' de Arag贸n, Castilla y Le贸n y la Comunidad Valenciana son compatibles con las obligaciones del Estado espa帽ol en materia de derechos humanos y de preservaci贸n de la memoria hist贸rica de las graves violaciones de derechos humanos, as铆 como del derecho a la verdad.
