La ministra de Igualdad, Irene Montero, y el exvicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, han solicitado al titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba que envíe a juicio a Miguel Ángel Frontera, un hombre que acudió "a diario" a las afueras de su casa en Galapagar, según denuncian "profiriendo improperios".
Iglesias y Montero han pedido en su escrito del 14 de septiembre que Frontera sea condenado a una pena de un año y seis meses de prisión por delitos de acoso y descubrimiento de secretos. Además, de solicitar una multa de 9.000 euros por los delitos de coacciones continuadas e injurias graves contra las instituciones del Estado.
Por otro lado, los denunciantes también han requerido que se abra una pieza aparte de responsabilidad civil para que el denunciado preste fianza de 20.000 euros "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes y, subsidiariamente se reclamen al Estado".
El exvicepresidente y la ministra alegan que estos escraches han supuesto una "grave perturbación que han sufrido de forma injustificada y antisocial", "siendo ajeno a la legítima protesta y encuadrándose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia".
Además, la defensa ha apuntado "la afectación e impotencia" de Iglesias y Montero para "proteger a sus hijos en su hogar familiar ante los insultos, el acoso y las coacciones sufridas". En el escrito se establece que "el daño sufrido alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad".
Por otra parte, el equipo jurídico ha solicitado que se celebre juicio oral con las testificales de Miguel Ángel Frontera, agentes de la Guardia Civil y los propios Iglesias y Montero.
Ocho meses de protestas
Las protestas diarias de Frontera en frente de la casa de Galapagar de Irene Montero y Pablo Iglesias comenzaron en mayo de 2020 y duraron, aproximadamente hasta el 12 de diciembre del mismo año. En junio de 2020 presentaron una querella contra él por presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Según relatan, Frontera realizaba estos escraches "hostigando y profiriendo términos injuriosos como 'garrapata', 'chepas' o términos de índole similar".
Por otra parte, Iglesias y Montero han incidido en que Frontera se autoproclamó, a través de su cuenta de Twitter, como "instigador de las protestas". Y también han explicado que el 12 de julio de 2020, el hombre, "burlando nuevamente la seguridad de la vivienda" de ambos dirigentes, "se alzó sobre una piedra para superar el muro perimetral" y "procedió a grabar desde ahí el interior de la morada", "invadiendo" la intimidad de la familia, "claramente ajenos a cualquier tipo de protesta o expresión de crítica".
Poco más tarde, el 23 de julio, Frontera volvió nuevamente a la casa de Iglesias y Montero "saltando el perímetro de seguridad" y "esta vez emitiendo en directo". Hechos por los que un juez acordó en diciembre una orden de alejamiento de 500 metros sobre el acusado.
