PP y Junts han sido los protagonistas de este martes en el ámbito político después de llegar a un acuerdo para tumbar el impuesto sobre la producción energética, algo que el Gobierno ha intentado evitar aplazando la Comisión de Transición Ecológica en el Congreso que debía tramitar una propuesta respaldada también por Vox, ERC y PNV.
El acuerdo, según el PP, supondría un ahorro estimado de 400 millones de euros para las familias españolas, de 500 millones para las pequeñas y medianas empresas, y de 200 millones para grandes industrias; aunque según cálculos de la consultora Selectra los hogares se podrían ahorrar de media 1,64 euros mensuales en la factura de la luz.
También se ha pactado el apoyo a la industria de la cogeneración, que junto a la suspensión del impuesto de la producción eléctrica, formaba parte del plan estratégico que Feijóo remitió al Gobierno en 2022.
Lo sorprendente de este pacto no es el fondo en sí, puesto que ambas formaciones están enmarcadas en el centro derecha, sino porque las relaciones entre ambos partidos parecían tensas y muy alejadas desde hace años tras el procés y la amnistía.
Aunque bien es cierto que los pactos entre populares e independentistas catalanes, que comparten agenda económica, se han repetido durante años. Bien conocidas son las cesiones del pacto del Majestic, en el que CiU pactó con el gobierno de José María Aznar un nuevo sistema de financiación autonómica, la finalización de traspasos, la cesión del 30% del IRPF a las autonomías, capacidad normativa sobre los impuestos cedidos y el traspaso del Inem y de políticas activas de empleo a la Generalitat.
Además, posteriormente, PP e independentistas catalanes han pactado otras reformas como la supresión de los gobernadores civiles, el desarrollo del modelo policial catalán, el traspaso de competencias de tráfico, la transferencia de la gestión de puertos, costas y suelo a las autonomías y supresión del servicio militar obligatorio.
