El gobierno de Castilla-La Mancha, liderado por el socialista Emiliano García-Page, se ha unido este lunes a los cinco gobiernos autonómicos del PP que han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía aprobada para perdonar una década del proceso independentista.
Page ha sido uno de los 'barones' socialistas que se han mostrado desde el inicio contrarios a la norma pactada por Pedro Sánchez con los independentistas y ya en el mes de mayo anunció su intención de acudir al Tribunal Constitucional ante lo que considera "una agresión al concepto de igualdad".
También el Parlamento de Cantabria ha recurrido este lunes la amnistía (con votos a favor del PP y Vox; la abstención del PRC y en contra de PSOE) al entender que "vulnera el principio de legalidad entre los españoles". Está previsto que, en el caso del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga, también lo haga los próximos días.
Fue el pasado jueves cuando el PP nacional, con la firma de sus diputados y senadores, registró su recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), en el que pedían también apartar de la deliberación de la Ley de Amnistía a su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro Juan Carlos Campo y la ex directora general de Moncloa Laura Díez.
Ahora es el turno de las comunidades autónomas, ya que a pesar de que ya anunciaron en su momento la intención de acudir al TC para impugnar dicha ley, han apurado hasta el último momento para llevarlo acabo y poder así ampliar sus argumentos jurídicos y analizar con calma las alegaciones del Tribunal Supremo en su cuestión de inconstitucionalidad.
Concretamente, la Ley de Amnistía fija tres meses para poder impugnar la norma desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que tuvo lugar el pasado 11 de junio, por lo tanto, las comunidades tienen hasta este miércoles 11 de septiembre para interponer sus respectivos recursos. Este lunes han sido cinco las comunidades autónomas del PP que han acudido a la justicia: Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana,Madrid y Murcia.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que este recurso era "en defensa de la igualdad de todos los españoles ante la ley, de la seguridad jurídica y la división de poderes" y ha reiterado que desde su Gobierno harán todo lo que "esté en su mano" para impedir que "atropellen" la Constitución.
También el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha situado este recurso como una herramienta contra la "vergonzosa" Ley de Amnistía, que a su juicio genera "más desigualdad entre españoles" y "vulnera la separación de poderes".
