La Mesa del Parlament, con votos a favor de ERC y el PSC, ha acordado hoy dejar "sin efectos jurídicos" los escritos presentados por Junts per Catalunya (JxCat) sobre la delegación de voto de sus cuatro diputados suspendidos por el Tribunal Supremo y se ha instado a ese grupo a reformular el escrito de petición de designación de votos.
Pero los cuatro diputados suspendidos de Junts per Catalunya -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- han emitido un escrito en el que mantienen que su delegación de voto es "perfectamente ajustada a derecho", por lo que "asumen" que sus votos "dejarán de ser contabilizados" en el pleno.
Eso ha llevado a que el independentismo pierda su mayoría, ya que las fuerzas independentistas tenían hasta hoy una mayoría de 70 escaños en el Parlament (34 escaños de JxCat, 32 de ERC y 4 de la CUP), pero al no contar ahora con cuatro votos de JxCat ni tampoco el del exconseller Antoni Comín (ERC), pendiente del recorrido judicial de su causa en Bélgica, los soberanistas solo suman ahora 65 diputados, a tres de la mayoría absoluta de 68 diputados.
Además, al sumar también 65 escaños el resto de partidos de la oposición -Cs, PSC, comunes y PPC-, el independentismo tampoco puede garantizar imponerse en votaciones por mayoría simple, ya que en caso de producirse un empate, una propuesta parlamentaria acaba decayendo si se mantiene ese empate tras dos votaciones más.
Ésa es la situación que se ha producido, por ejemplo, cuando en el debate de política general que ha concluido hoy en el Parlament, se ha votado una propuesta transaccional de JxCat y CUP "contra la violencia, la represión y la falta de garantías judiciales".
Una propuesta que ha sido rechazada al darse un empate en tres ocasiones, por los 65 votos a favor JxCat, ERC y CUP frente a los 65 en contra del resto de la oposición.
El texto rechazado proponía que el Parlament "reprobara" al Rey Felipe VI y, en particular, su posicionamiento "contra las instituciones catalanas y sus representantes legítimos" en su discurso del 3 de octubre de 2017; y recordaba la existencia de "una mayoría amplia de catalanes contrarios a la monarquía y exige su abolición".
También se pretendía que la cámara "constatara" que "los procesos judiciales contra el independentismo y las libertades civiles han provocado ya la persecución por motivos políticos de centenares de personas y la existencia de presos políticos y exiliados", como también "deploraba" que esos procesos "políticos" no respetan las "más elementales garantías judiciales y democráticas".
Otro punto de la propuesta de los grupos independentistas que no ha prosperado instaba al Govern a que llevara ante la justicia a aquellos individuos o grupos organizados que hagan apología del nazismo, el fascismo, el racismo o el sexismo o "alteren la normal convivencia en las calles de Cataluña o atenten contra la libertad de expresión y manifestación de sus conciudadanos".
