En ocasiones anteriores, Sánchez se ha referido con la expresión "imputación formal" al encausamiento, que solo se produce una vez concluida la instrucción de la causa, según la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de finales de 2015.
En rueda de prensa en un hotel próximo al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, donde ha comparecido como investigado por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y falsedad, el presidente ha subrayado a preguntas de los periodistas que él "cumple" su palabra y que, por tanto, abandonará el cargo si se produce la imputación "formal", que "es cuando es", ha dicho.
"Hoy tiene la última palabra la justicia, como debe ser", ha afirmado el presidente, que ha contestado durante cuatro horas a las preguntas de los dos fiscales y del magistrado, Julián Pérez-Templado, y no así a las de los letrados de las acusaciones particulares.
Pedro Antonio Sánchez ha avanzado que su abogado aportará más informes técnicos que "dejarán claro que el dinero de las subvenciones está en la obra", tras lo cual, ha agregado que "si se quedó corta fue porque llegó la crisis".
El presidente ha reconocido que puede haber algún error en el expediente administrativo de justificación de la subvención, y eso es lo que se está investigando, si hay un error o no, ha reiterado.
También ha reiterado que en la Asamblea Regional de Murcia existe una comisión de investigación sobre el auditorio, presidida por Podemos, en la que ha solicitado comparecer en dos ocasiones y no se le ha permitido, por lo que, en su opinión, la oposición no está interesada en "conocer la verdad".
Respecto al pacto con Ciudadanos (Cs), ha insistido en que el PP "va a seguir cumpliendo el acuerdo" porque todavía no se ha producido una "imputación formal".
En ese sentido, ha reiterado su petición a Cs de que interprete el pacto de investidura en el mismo sentido que lo hace en otras regiones como Andalucía, donde el límite para dimitir está en la apertura de juicio oral.
Al ser preguntado sobre la posible irregularidad por no convocar un concurso de ideas antes de adjudicar la obra, ha vuelto a remitirse a una sentencia previa contencioso-administrativa que avala que "se hizo bien".
"La justicia tiene ahora que hablar; y nosotros, a trabajar", ha zanjado.