El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se da enero para recomponer la política de bloques y cumplir los compromisos pendientes con el independentismo para avanzar en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
El Ejecutivo busca aprobar las cuentas públicas "como tarde" en marzo, según avanzan fuentes gubernamentales, y para ello seguirá con la política del "partido a partido", como ya explicó Sánchez en su balance de fin de año realizado este lunes en el Salón Barceló en el Palacio de La Moncloa.
"Este Gobierno no da ningún partido por perdido"; "salimos a ganar cada partido" o "no damos un balón por perdido", fueron algunas de las frases que el presidente pronunció al referirse a las difíciles negociaciones con sus socios parlamentarios, en especial, con el independentismo.
Los compromisos que adquirió Sánchez con Junts
Sánchez está dispuesto a cumplir con los compromisos de investidura y legislatura adquiridos previamente con Junts y ERC para que las fuerzas independentistas se sienten a hablar este mes de enero sobre las cuentas públicas. Por ello, el Ejecutivo ya comenzó haciendo estos guiños en el último Consejo de Ministros de este año y a Junts le han concedido la propuesta de Pere Soler, exdirector general de los Mossos d'Esquadra, como nuevo consejero en la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC).
Su nominación se entiende como una concesión a Junts para preservar una cuota catalana dentro de la renovación de cargos en el regulador. De esta manera, el exdirector de los Mossos en el 1-O entra en el organismo y quedan fuera los candidatos del PP.
Junts también vio cumplida este lunes su contraparte por haber aupado con su voto a Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados. Así, el Ejecutivo aprobó la desclasificación de ocho documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los atentados yihadistas en Barcelona y Cambrils en el marco de dicha comisión de investigación.
El levantamiento del secreto sobre los contactos del servicio secreto con el imán de Ripoll ha sido una exigencia del partido de Carles Puigdemont desde hace meses. Fuentes de la Cámara Baja señalan a Servimedia que la desclasificación de estos documentos es "automática" y se entregarán a la comisión del Congreso que investiga estos atentados, pero "no se harán públicos".
Otro de los compromisos que realizó Sánchez a Puigdemont fue el de mantener una reunión ambos mandatarios y también lo hizo con el presidente de ERC, Oriol Junqueras. El presidente dejó abierta la puerta a mantener ese encuentro durante su balance del año y recalcó que la amnistía "a afectos políticos ya se aplica, incluso por parte del PP, que vuelve a votar conjuntamente con Junts".
El Gobierno es consciente de que si quiere sentar a la mesa a Junts para negociar los Presupuestos tiene que seguir haciéndole guiños a la formación independentista, ya que no está previsto que el Tribunal Constitucional resuelva la situación del expresident fugado por el 1-O hasta la primavera.
Sin embargo, todavía faltan muchos compromisos por cumplir y desde el Ejecutivo insisten a Servimedia en que "las negociaciones se mantienen discretas" y durante este enero, desvelan, que "seguirá habiendo contactos" porque nosotros vamos "sin prisa, pero sin pausa".
Hasta ver todas las concesiones cumplidas, por la parte de Junts no lo llevan tan bien y tras meses de silencio mediático, apareció Puigdemont para recordar a Sánchez que todavía quedan asuntos como la oficialidad del catalán en Europa, la ejecución presupuestaria o la delegación integral de competencias de inmigración a la Generalitat.
Catalán en la Unión Europea
Respecto al primero asunto, el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, intentó reanimarlo en una reunión con su homólogo de Polonia, Radoslaw Sikorski, acordando, según fuentes de Exteriores, dar "un paso más" en la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, y ambos se pusieron de acuerdo en reunir a los secretarios de Estado para abordar el asunto en una reunión que se debería realizar "próximamente".
Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea señalan a Servimedia que todavía existen "reticencias" de varios Estados Miembros a este compromiso al temer que pueda abrirse el debate para lenguas minoritarias existentes en otros territorios de Europa y, además, desvelaron que "aún faltan informes" que se le requirieron a España para poder abordar el asunto en profundidad, como el del impacto económico.
Así, señalan que el cálculo de la Comisión Europea es que la oficialidad de estas tres lenguas supondría unos 132 millones de euros anuales, pese a que desde el Gobierno recalquen que el Ejecutivo español sufragará los costes.
Puigdemont dejó claro que si el Ejecutivo central no resuelve los incumplimientos que detectan, no se sentarán a negociar las cuentas públicas en unos días. Además, la formación reclama una compensación por la baja ejecución presupuestaria, bien con una transferencia, bien con una condonación de la deuda autonómica de la administración catalana. Un asunto sobre el que en La Moncloa evitan pronunciarse al respecto.
Por si todo eso fuera poco, hay que añadir la proposición no de ley que Junts registró la semana pasada para que la Cámara Baja se pronuncie sobre la idoneidad de que el presidente del Gobierno se someta a una cuestión de confianza.
Una maniobra con alta carga política y simbólica, aunque sin efectos legales, ya que se trata de un instrumento que sólo puede convocarlo el propio Sánchez, previa deliberación del Consejo de Ministros. Y el Gobierno no está por la labor de tramitar algo así en estos momentos, ya que, según esgrimen desde La Moncloa, "este Gobierno está cumpliendo".
De momento, PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la Mesa del Congreso, aplazaron este debate hasta después de las fiestas navideñas. Mientras que Puigdemont ya advirtió que en caso de que no llegue a tramitarse la la proposición habrá "consecuencias irreversibles" y que la legislatura "puede ir al colapso".
En las últimas semanas, Junts ha demostrado que no tiene reparos en votar con el PP y Vox si hay coincidencia de intereses, tal y como se ha visto con la reforma fiscal y otros asuntos económicos y sectoriales. Desde Junts exigieron otra forma de negociar y desde el Gobierno insisten en que "estamos en ello", sin querer recriminar el comportamiento de su socio independentista.
