En su escrito de acusación, el ministerio público acusa a los cinco jóvenes de delitos de lesiones, daños, contra la integridad moral en ejercicio de los derechos fundamentales, amenazas y hurto, así como pertenencia a grupo criminal por formar parte de Desperdicis, un colectivo ultra de la grada de animación del Sant Andreu, según el ministerio público.
La Fiscalía pide penas que oscilan entre los dos años y tres meses y los tres años de cárcel para cada uno de los cinco acusados, a los que atribuye varios ataques violentos a grupos de extrema derecha o a seguidores ultras de clubes futbolísticos antagónicos perpetrados en Barcelona desde el año 2007.
