La gestión de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado ha estado marcada por controversias desde su nombramiento en septiembre de 2022. Su llegada al cargo, impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez, ya generó divisiones y desconfianza, sobre todo debido a las circunstancias de su ascenso, que fue visto por muchos como parte de una maniobra de recompensas políticas.
Ahora, al ser el primer fiscal general del Estado imputado en la historia de España, se ha profundizado el malestar dentro de la carrera fiscal y entre diversos sectores del poder judicial, denotando una evidente división.
El cuestionado nombramiento y la "desviación de poder"
El nombramiento de García Ortiz llegó con polémica. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió una reprobación en la que lo declaraba "no idóneo". Sin embargo, la polémica más grave en este contexto surgió con su papel en el ascenso de su predecesora, Dolores Delgado, a la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo anuló este nombramiento, argumentando que se había producido una "desviación de poder" por parte de García Ortiz, quien promovió a Delgado en una aparente devolución de favores tras haber sido él mismo promovido por ella. Este episodio dejó en entredicho la independencia de la Fiscalía y sus procedimientos internos, además de marcar el inicio de una sucesión de controversias que lo ha seguido hasta su reciente imputación.
Su imputación
La imputación de Álvaro García Ortiz esta semana ha puesto sobre él todos los focos y miradas. El Tribunal Supremo ha abierto una causa en su contra por la presunta revelación de secretos en el marco del caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Este paso sin precedentes ha desencadenado un debate dentro de la carrera fiscal, poniendo de manifiesto la división existente entre fiscales de diversas tendencias.
Reacción de la cúpula fiscal: una institución dividida
Tras la imputación, García Ortiz convocó dos reuniones importantes: la Junta de Fiscales de Sala y el Consejo Fiscal. Estas reuniones han dejado patente la profunda división que atraviesa la institución. En la Junta de Fiscales, de los 29 asistentes, solo 10 apoyaron explícitamente su continuidad, mientras que 11 pidieron su dimisión o reconsideración de su postura, y otros 8 optaron por no pronunciarse.
Por la tarde, la situación se tensó aún más en el Consejo Fiscal, donde una mayoría de los vocales, pertenecientes a asociaciones como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), pidieron su dimisión. Esta mayoría contrasta con la posición de los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quienes argumentaron que dimitir en este momento sería un acto irresponsable y debilitante para la institución. Este choque de posturas refleja la polarización interna, derivada en gran medida de las afiliaciones ideológicas dentro de la carrera fiscal.
