La Policía busca en el Instituto de Estadística catalán datos del censo del 1-O
La Policía Nacional ha acudido esta mañana a la sede del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) de la Generalitat en busca de documentación relacionada con la confección del censo utilizado para el referéndum del 1 de octubre.
Según han informado fuentes próximas a la investigación, el requerimiento ha sido ordenado por el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que instruye una causa sobre los preparativos del referéndum de independencia que anuló el Tribunal Constitucional.
Los agentes se han personado a primera hora de hoy con el requerimiento judicial en las oficinas del Idescat, organismo de la Generalitat que centraliza los trabajos estadísticos realizados por las distintas instituciones autonómicas.
Con este requerimiento, el magistrado pretende indagar si el Idescat desempeñó algún papel en la confección del censo que se utilizó para las votaciones del 1-O, cuya elaboración de forma irregular podría constituir un delito de revelación de secretos.
La diligencia ha sido adoptada por el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona, que es el que en la causa abierta por los preparativos del referéndum sustituye al magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer mientras se resuelve sobre la recusación que las defensas del caso han presentado contra él.
Precisamente, hace unas semanas el juez abrió una pieza separada para investigar varias denuncias por revelación de secretos por el uso de datos personales en el envío de cartas por parte del Gobierno catalán para designar a los miembros de las mesas electorales del 1 de octubre.
El magistrado trata de averiguar si los datos personales de ciudadanos que gestiona el Idescat pudieron ser utilizados para confeccionar el censo que se empleó para la votación del 1 de octubre, cuyo origen es uno de los extremos sobre el referéndum que nunca fue aclarado por el Gobierno catalán.
El juez indaga también si hubo un delito de revelación de secretos en el envío de cerca de 55.000 cartas a ciudadanos catalanes para que formaran parte de las mesas electorales o en los datos incluidos en la página web que la Generalitat creó para que los ciudadanos supieran en qué local podían votar.
De hecho, fue el propio expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont quien en los días previos al 1-O publicó a través de su cuenta de Twitter la dirección que daba acceso a esa página web con el censo electoral.
Tras la publicación de ese mensaje, la Fiscalía abrió diligencias para investigar el posible origen delictivo de los datos de la página web -que señalaba el local de votación asignado a cada elector cuando éste facilitaba su DNI o fecha de nacimiento-, teniendo en cuenta que la Generalitat no tenía acceso al censo electoral.