Según han informado a Efe fuentes jurídicas, entre las detenciones que se prevén en la operación figuran alcaldes y gerentes de ayuntamientos dirigidos por diferentes partidos como Ciudadanos, PP y PSOE, así como jefes de la Policía Local de varios municipios.
Esta empresa, que pagaba supuestamente comisiones a los cargos públicos y también a los policías locales, comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos.
Además de manipular los contratos para que Gespol fuera la beneficiaria de la instalación de los radares, las fuentes consultadas han indicado que otra de las operativas usadas era inflar el precio de estos contratos de manera desproporcionada.
La Policía Nacional está llevando a cabo una macrooperación en numerosos ayuntamientos de Madrid, Cataluña, Asturias y Castilla y León en la que se prevén unas sesenta detenciones, entre cargos técnicos municipales, y otros tantos registros, por posibles amaños en la contratación de servicios para la regulación del tráfico.
La UDEF de la Policía Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción desarrollan esta operación, han informado a Efe fuentes de la investigación, que han precisado que los registros se llevan a cabo en ayuntamientos para investigar estos posibles amaños en la gestión de las multas y la regulación del tráfico con semáforos.
Se investigan posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, revelación de secretos oficiales, malversación de caudales públicos, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Se trata de la Operación Enredadera que investiga el juzgado de instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) que ha declarado secretas las actuaciones.
Además, fuentes cercanas a las investigaciones han explicado que las pesquisas se iniciaron en este juzgado y se extendieron después a municipios de otras provincias españolas, en relación con una trama que presuntamente manipuló licitaciones en ayuntamientos para adjudicar aplicaciones informáticas de gestión del tráfico rodado.
En el centro de esta trama estaría la empresa Aplicaciones Gespol, perteneciente al Grupo Sacyr, que comercializa productos para la regulación del tráfico que pueden detectar las infracciones de los vehículos en los semáforos, según las mismas fuentes, que han adelantado que se prevé la detención diversos cargos técnicos de los consistorios investigados, aunque no de cargos electos.
En Cataluña, la operación se centra en los ayuntamientos barceloneses de Mollet del Vallès y Tiana, y en el de Lleida, mientras que agentes han acudido al de Torrelodones, en la Comunidad de Madrid, según ha podido confirmar Efe.
