Los Sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil coinciden en rechazar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, pactada entre PSOE, Sumar y Bildu, al entender que "desprotege" a los agentes y merma el principio de autoridad.
Las tres formaciones han llegado a un acuerdo para redactar una nueva ley de seguridad ciudadana, que acabará con el uso por las fuerzas de seguridad de las pelotas de goma; rebajará la penalización de la desobediencia y las faltas de respeto, que pasarán de ser infracción grave a leve, y terminará con las devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos.
En Espejo Público de Antena 3, Aarón Rivero , Secretario General de JUPOL, ha explicado las razones por las que se oponen a dicha reforma. Lamenta que "es un despropósito" y que les provoca "una profunda vergüenza".
Desde JUPOL consideran la prohibición al uso de las pelotas de goma va a provocar "una lucha cuerpo a cuerpo entre manifestantes violentos y policía" que se traducirá en más heridos y más graves al impedir el uso de estos elementos disuasorios.
Respecto al fin de las devoluciones en caliente considera que dejará desprotegidos una vez más a los policías destinados en Ceuta y Melillas
Despojan a los agentes del principio de autoridad
Asimismo, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha subrayado que lejos de reforzar el principio de autoridad, la modificación del texto contribuye a "favorecer las conductas contrarias a derecho despojando a los policías" de sus principales herramientas de trabajo.
"No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado a los agentes de autoridad cuando lo que perseguimos es reforzar el castigo de estas conductas delictivas", argumenta la organización en una nota de prensa, en la que pone de manifiesto que la reforma de ley "no ha contado con la colaboración" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Por su parte, la Unión Federal de Policía (UFP) lamenta "la falta de apoyo y reconocimiento" y la "continua puesta en tela de juicio" de la labor policial, dos cuestiones que "debilitan" su capacidad para desempeñar sus funciones adecuadamente.
En una nota, la organización reclama que "cualquier cambio" legislativo "se traduzca en mejoras reales" que aseguren la capacidad de los agentes para llevar a cabo su trabajo “con las máximas garantías jurídicas”, si bien no entra a valorar concretamente las medidas del acuerdo.
Y la Confederación Española de Policía (CEP) ha tildado la reforma como "el mayor ataque a la operatividad" de los agentes "en toda la democracia", al incidir en que convertir en leve la infracción grave de desobediencia y faltas de respeto situará a los profesionales de la seguridad pública en un escenario de “desprotección y riesgos”, así como retirar las pelotas de goma.
Los guardias civiles creen que la ley les pondrá en peligro
Por otro lado, la de la Guardia Civil Jucil ha mostrado su "preocupación y rotundo rechazo" al pacto, que "pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al debilitar su capacidad de actuación frente a situaciones críticas".
"Lo que el Gobierno está haciendo es desproteger a quienes día a día arriesgan sus vidas para garantizar la seguridad de los ciudadanos", dice al respecto Agustín Leal, secretario de Comunicación de Jucil.
Sobre los aspectos concretos del texto, Leal aduce que convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves, así como eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público, es sinónimo de “desarmar a los guardias civiles” y pone en riesgo su integridad y la seguridad jurídica.
Por último, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha considerado "urgente" reforzar el principio de autoridad modificando el código penal para endurecer las penas por agresión a los agentes, que quedan "atados de pies y manos" tras el acuerdo entre el Gobierno y EH Bildu.
