La derrota parlamentaria del Gobierno en el Congreso el pasado miércoles ha mostrado la dependencia que tiene el Ejecutivo de los siete votos de Junts. El partido catalán intenta marcar el ritmo de la agenda del Gobierno y se ha alineado con el PP para boicotear proyectos como los Presupuesto Generales del Estad (PGE) o la revalorización de las pensiones.
El Gobierno, por su parte, mantiene su apuesta por el diálogo, ya que las cuentas para conseguir aprobar proyectos por mayoría le obliga a negociar cada texto. Aun así, en lo que va de legislatura han conseguido aprobar 25 leyes.
Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2019, el Ejecutivo ha sacado adelante 720 votaciones y ha perdido 75, algunas importantes, pero otras de menor peso. En todas ellas, el factor común es el voto en contra del partido liderado por Puigdemont, así como el PP y Vox.
Proyectos que han salido adelante en el último momento
Entre los proyectos más importantes que no han salido adelante se encuentra el decreto ley 'ómnibus', que ha sido bloqueado esta semana en el Congreso por los votos de PP, Junts, Vox, PNV y UPN y que incluye la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte. De este modo, la formación liderada por Puigdemont ha demostrado el valor de sus votos.
La medida más importante que ha salido adelante en la legislatura es la ley de amnistía, de hecho es la promesa que hizo Sánchez y que permitió su investidura. En la tramitación parlamentaria fueron claves los votos de Junts, ya que su aprobación se retrasó hasta que la redacción del texto se ajustaba a sus peticiones, de tal manera que cubriera a todas las personas por causas por el 'procés'.
En enero de 2024, el Ejecutivo salvó en el último momento otro decreto ómnibus con reformas en Justicia y otro con medidas anticrisis a cambio de la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña. Sin embargo, esta promesa no se ha cumplido, lo que obliga a que el Gobierno y Junts sigan negociando.
En julio de ese mismo año, Junts junto con PP y Vox se alinearon para rechazar la reforma de la ley de extranjería y tumbaron la senda de estabilidad, que es el paso previo para presentar los PGE. Aunque el Gobierno volvió a aprobar esa misma senda, en septiembre seguía sin los apoyos necesarios por lo que retiró el texto de la tramitación parlamentaria. Por el momento, siguen prorrogados los presupuestos de 2023.
En noviembre, de nuevo Junts se alineó con PP, Vox y UPN para votar en contra del proyecto de ley para regular el alquiler de temporada. Y ese mismo mes, el partido de Puigdemont dio la sorpresa en la Comisión de Hacienda del Congreso, donde dejaron caer el impuesto a las energéticas.
La última bala ha sido la proposición no de ley de Junts para que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Como los socialistas no han tramitado la iniciativa, Junts ha anunciado la suspensión de las negociaciones con ellos.
No solo Junts ha votado en contra de proyectos del Gobierno
Junts no ha sido el único socio del Gobierno que ha votado en contra a lo largo de la legislatura, sino que otros partidos también han puesto contra las cuerdas al Ejecutivo.
A comienzos de 2024, Podemos votó en contra de la reforma del subsidio de desempleo, decreto propuesto por el Ministerio de Trabajo. Tampoco se logró la tramitación de la reforma de la ley del suelo por falta de apoyos. El PP votó en contra, al igual que Sumar, Podemos, ERC, Junts y Bildu.
El PNV, que ha aprobado la mayoría de las normas propuestas por el Ejecutivo, también se ha salido de la línea del Gobierno en más de una ocasión. En septiembre se unió a PP y Vox para reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela y también se ha unido a estas formaciones para tirar el impuesto de las energéticas.
Poco consenso, pero a veces ha sido posible
En pocas ocasiones ha habido consenso en la legislatura. Sí ocurrió durante la tramitación de la ley ELA el pasado octubre. Todos los partidos votaron a favor de esta ley que agiliza la evaluación de la dependencia de las personas con esta enfermedad y garantizarles cuidados las 24 horas.
Otro momento de consenso fue la reforma del artículo 49 de la Constitución al cambiar el término "disminuidos" por "personas con discapacidad". El único partido que votó en contra fue Vox.
También, con más de cinco años de retraso, PSOE y PP se pusieron de acuerdo para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque en este caso no hubo unanimidad, porque Vox, además de Sumar, Junts, UPN, PNV y Podemos, votaron en contra.
