Los últimos movimientos del presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, han redoblado el malestar y estupor de los magistrados del sector conservador del órgano de garantías. Fuentes de este bloque consultadas por Onda Cero muestran su indignación por las prisas y las formas del presidente, y denuncian un acelerón de los trámites para tener listo cuanto antes el examen de constitucionalidad de la Ley de la Amnistía.
El TC ha constituido un grupo de trabajo compuesto por letrados adscritos en su mayoría a magistrados de sensibilidad progresista con el encargo de tener listo un primer borrador en un plazo inicial de dos meses. Algunos magistrados conservadores se han enterado “por la prensa” o “por los pasillos”, según las mismas fuentes, y muestran su zozobra por esta exclusión. Denuncian que debería haberse formado una comisión integrada “por las dos sensibilidades del Tribunal” y que ordenar este encargo antes de iniciarse el procedimiento despierta sospechas de asunto “prejuzgado”.
En cambio, fuentes del Tribunal Constitucional explican a Onda Cero que la constitución de este grupo de trabajo se enmarca en un sistema razonable y ya empleado otras veces en asuntos importantes o complejos sobre los que se acumulan diversos recursos. Agregan que el plazo de dos meses es inicial y orientativo y que se han establecido “horizontes temporales como en todas las organizaciones”.
Ponencia de la progresista Montalbán
Otro episodio que ha dejado atónitas a las fuentes conservadoras es la designación de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán como nueva ponente del recurso presentado por el PP contra la Ley de Amnistía, el primero que será sometido a examen del Pleno.
Inicialmente, esta ponencia había recaído en manos del magistrado conservador José María Macías, pero el Pleno, por mayoría, le ha apartado de las deliberaciones sobre la amnistía tras aceptar su recusación en el primer recurso y trasladar automáticamente al resto de impugnaciones su obligación de apartarse.
Mientras fuentes del sector progresista aseguran que esta ponencia le ha correspondido a Montalbán “por turno”, el sector conservador denuncia que es una decisión directa y arbitraria de Conde-Pumpido y que no existen unas reglas predeterminadas de reparto para los casos en los que un ponente es apartado de la deliberación y hay que designar a otro. El sistema de designación de ponencias que se viene aplicando procede de un acuerdo de 1980 que contempla diversos escenarios pero no éste en particular.
En todo caso, de haber seguido el turno sucesivo general, la ponencia le habría correspondido a Laura Díaz. Tampoco se ha optado por el magistrado más antiguo o el más moderno. Las fuentes conservadoras consideran un escándalo que se hayan tenido que enterar por la prensa de la asignación de la ponencia, lo que consideran una más de las maniobras del presidente.
En este sentido, aprecian prisas y una aceleración del calendario por parte del Cándido Conde-Pumpido, que agilizó la agenda desde principios de año para una tramitación exprés de todas las recusaciones y que ahora impone un plazo de dos meses para la elaboración de un primer borrador de sentencia sobre la amnistía.
Creen que detrás se esconde una táctica similar a la de los ERE y señalan que se ha constituido un grupo de letrados adscritos a una sensibilidad, de su confianza, ocultándoselo al resto y sin dar cuenta a Ricardo Enríquez. Este magistrado conservador es el ponente del incidente planteado por la Sala de lo Penal del Supremo respecto a la Ley de la amnistía y ya había encargado un informe a su letrado.
Abstención de Conde Pumpido
Por otro lado, Conde-Pumpido ha incluido en el orden del Pleno que se celebrará la semana que viene la deliberación sobre la admisión a trámite de las primeras peticiones de amparo por parte de condenados del procés, que denuncian vulneración de sus derechos constitucionales después de que el Tribunal Supremo no haya aplicado la Ley de la Amnistía al delito de malversación por el que están condenados.
A diferencia de las admisiones a trámite de distintos recursos y cuestiones examinadas hasta ahora y que tienen que ver con el examen de constitucionalidad de la Ley de la Amnistía, este señalamiento se refiere a un recurso contra una decisión del tribunal de la Causa Especial del procés. El sector minoritario del TC esperaba que Cándido Conde-Pumpido aplicaría el mismo compromiso que se impuso hace tres años, cuando decidió abstenerse de todos los recursos relativos a esa Causa Especial “y sus incidentes”.
Algunas de las fuentes conservadoras consultadas prefieren no criticar una decisión de la que un magistrado “es soberano”. Explican que, a diferencia de las recusaciones, en las que la duda sobre la imparcialidad es de un tercero, la abstención es una decisión propia en la que otros magistrados no pueden entrar. Si él decide que no se abstiene es soberano, no es una decisión “controlable por nadie”, aseguran.
Sin embargo, otras fuentes del mismo sector lo tildan de incoherente puesto que cuando se apartó dejó reflejado en un auto que, aunque las opiniones que había expresado en una comparecencia no comprometían su imparcialidad, para contribuir al prestigio del tribunal se abstenía de la Causa Especial y de todas sus incidencias.
“La lógica impone respetarlo”, señalan. Añaden que es esa línea la que precisamente se le pidió desde el sector progresista al magistrado Macías, cuando se le insistía en que, una vez aceptada su recusación por el Pleno en uno de los recursos, debía aplicar ese criterio por voluntad propia al resto de impugnaciones pendientes.
Se da la circunstancia de que el PP y varias autonomías han recurrido esa decisión de apartar automáticamente al magistrado conservador del conocimiento de todos los recursos sobre la materia, incluidos dos en los que ninguna de las partes había solicitado su recusación.
