La proposición de ley registrada ahora en la Cámara Baja coincidiendo con el primer aniversario de la consulta ilegal del 1 de octubre en Cataluña, fue anunciada el pasado 26 de julio en Barcelona por el presidente del PP, Pablo Casado.
El líder del PP avanzó que la "primera iniciativa parlamentaria" en la nueva etapa de su partido sería para incorporar al Código Penal el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Además de penas de prisión, los populares proponen hasta diez años de inhabilitación absoluta para los responsables de esas consultas.
También prevé penas de uno a tres años de cárcel para la autoridad o funcionario que, sin realizar la convocatoria ilegal, promueva o colabore con su celebración, y de seis meses a un año de prisión, o multa de 12 a 24 meses, para los interventores de esas mesas electorales.
En la exposición de motivos, el PP recuerda que desde 2003 el Código Penal ya contaba con esas penas pero una reforma posterior "consideró oportuno despenalizar tales conductas". A juicio del PP, y después de diez años desde esa
despenalización, los "acontecimientos recientes en la historia de España" -en referencia al desafío independentista en Cataluña- revisten la suficiente gravedad como para merecer un reproche penal.
Y subraya que los actuales controles de legalidad se han demostrado insuficientes "para reprimir y disuadir" a quienes convocan, promueven y facilitan esas consultas ilegales.