Collboni ha respondido así a las palabras de la alcaldesa, Ada Colau, que ha asegurado que el 1-O "se podrá participar" en Barcelona y se podrá hacer "sin poner en riesgo institución ni servidores públicos".
El dirigente del PSC ha defendido que lo comunicado por Colau "no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido", y ha subrayado que el ayuntamiento no incumplirá la legalidad y hará caso del informe del secretario general del consistori. "Hemos hecho lo que dijimos que haríamos: no poner en riesgo ni a la institución ni a los trabajadores públicos", ha asegurado Collboni, que ha añadido que la participación del consistorio en la votación lo situaría "fuera de la ley", tal como recoge el citado informe.
Otra cosa, ha señalado el segundo teniente de alcalde, es "la posición de cada persona respecto a si quiere participar en la movilización", algo que, ha afirmado, no van a hacer los socialistas. Collboni ha recordado que es una situación "querida por Junts pel Sí y la CUP" que "ha tensado la convivencia institucional en los ayuntamientos del país", que lo que han hecho es "blindar" a las instituciones para que no tomen decisiones que "los pongan en riesgo".
"Las instituciones están por encima de los partidismos y no deben servir a ninguna causa, porque los alcaldes lo son de todos los vecinos", ha aseverado el dirigente socialista. Collboni ha señalado que, aunque el consistorio "no hará nada que esté fuera del Estado de derecho", forma parte "de la libertad de expresión" que otras formaciones políticas quieran hacer "movilizaciones".
El secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha dictaminado hoy en un informe la alcaldesa Ada Colau debe acatar la providencia del Tribunal Constitucional y no debe colaborar en el referéndum del 1-O cediendo colegios electorales porque, de lo contrario, puede tener consecuencias "penales".
En su informe de 15 páginas, al que ha tenido acceso Efe, el secretario general del consistorio declina así que el Ayuntamiento pueda acceder a las peticiones de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum independentista, suspendido por el Tribunal Constitucional.
El informe no tiene carácter preceptivo y fuentes municipales han indicado que el gobierno municipal "mantiene las conversaciones con el Govern para facilitar la movilización del 1-O". La alcaldesa de Barcelona solicitó el pasado 7 de diciembre a la secretaría del Ayuntamiento que comprobara la disponibilidad de los locales utilizados habitualmente como centros de votación, de cara a atender al requerimiento que le hicieron el presidente y el vicepresidente del Govern para que los pusiera a disposición de la Generalitat en el referéndum del 1 de octubre.