El PSOE ha anunciado que sus servicios jurídicos están analizando la legalidad de la vivienda de Eva Cárdenas, pareja del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y su solicitud para ampliar hasta 2037 la concesión del terreno que da acceso a la playa desde su casa en Moaña (Pontevedra).
En el comunicado publicado en sus redes sociales, el PSOE ha explicado que están "a la espera" de la actuación por parte de la Fiscalía, pero que "por lo que conocemos podría considerarse que hay suficientes irregularidades como para poder iniciar una acción judicial".
La formación socialista duda de "si es legal" la solicitud de Cárdenas para la concesión hasta el año 2037 del acceso a la playa desde su casa porque hay "múltiples indicios de que la parcela se encuentra en situación ilegal".
Según el PSOE es "de justicia" conocer "si es ilegal"
El PSOE ha acusado a la pareja de Feijóo de "litigar con el Estado para quedarse el acceso privado a una playa pública" y se ha dirigido directamente al líder de la oposición calificando como "preocupante" que "alguien que dice aspirar a la presidencia del Gobierno de España actúe de esta forma, en relación una playa que nos pertenece a todos los ciudadanos".
Según los socialistas, es "de justicia" conocer "si son ilegales las construcciones" que la pareja de Feijóo ha hecho "para convertir en privada una playa pública dentro de su chalet" y también es "de justicia", han añadido, "conocer el rápido aumento patrimonial de 600.000€ que Feijóo desveló al Senado en 2022".
Qué dice la ley de costas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la notificación del inicio de expediente para determinar los derechos que le pudieran corresponder a Eva Cárdenas como propietaria. Esto llega en el marco de un procedimiento activado por Costas para recuperar 210 metros pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre.
El medio digital gallego Praza.gal avanzaba que el cierre de los muros para acceder directamente a la playa fue realizado años antes de que la pareja de Feijóo comprara la propiedad. Además, Cárdenas se ampara en la ley de costas que contempla concesiones del Estado por 30 años a los anteriores usuarios de terrenos que se declaren como dominio público.
