El Gobierno plantea algunas reformas sobre el ingreso mínimo vital para intentar solventar los múltiples problemas que ciertas familias vulnerables tienen para acceder a él.
El objetivo es situar en unas 700.000 las familias beneficiarias, respecto a las 350.000 actuales, con medidas como una nueva ayuda de hasta 100 euros por hijo para familias con ingresos bajos o facilitar el acceso desde el desempleo y ante una caída repentina de ingresos, entre otras. Con este paquete de mejoras se duplicarán las familias que reciben el ingreso mínimo vital.
Algunas modificaciones que el Gobierno tiene previsto llevar a cabo
En el paquete de mejoras que se han acordado entre PSOE y Unidas Podemos se plantea un cambio que tiene que ver con el periodo que se tiene en cuenta para determinar si un ciudadano tiene derecho o no a recibirla. Hasta el momento, se tomaban como partida los ingresos percibidos durante el año anterior a la solicitud, pero el Gobierno cambiará este criterio para que se tengan en cuenta únicamente los ingresos percibidos durante el año en el que se pide la ayuda.
De esta manera, el panorama económico se corresponderá con su situación real de la persona y el ingreso mínimo se convertirá en una prestación más ágil que responda a las situaciones repentinas de pérdida de ingresos, así lo comunicó este pasado lunes la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que junto al titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presentó el acuerdo alcanzado por PSOE y Unidas Podemos después de meses de negociación.
Otra de las novedades que han pactado PSOE y Unidas Podemos es que los jóvenes extutelados ya no tendrán que acreditar haber vivido ningún año de vida independiente. A este cambio se suma la medida que implica la posibilidad de cobrar después de acreditar un bajón repentino en los ingresos, sin tener que esperar al año para solicitarlo.
Las modificaciones en las condiciones de la ayuda se introducirán como enmiendas en la tramitación parlamentaria del ingreso mínimo, que se encuentra bastante avanzada en el Congreso, por lo que podrían aprobarse en los próximos meses, cuando termine la tramitación parlamentaria en el Congreso.
