"Si siempre habría que hacerlo así, ahora con más legitimidad, ya que estamos en un gobierno en funciones que no puede decidir por sí mismo", ha argumentado Puig en un desayuno informativo en Madrid, en el que ha sido presentado por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El presidente valenciano se ha mostrado convencido de que la convocatoria de la conferencia de presidentes sería una "señal de fortaleza" en el "impass" actual del país, pues demostraría que "existe un estado fuerte que tiene sus mecanismos de coordinación".
No puede ser, en su opinión, que el Gobierno en funciones tome las decisiones en solitario y ha insistido en que "lo lógico" es que se cuente con la participación de las autonomías en la respuesta a Europa.
En este sentido, ha abogado por institucionalizar las conferencias de presidentes autonómicos y que no se limiten a cuestiones coyunturales para "atajar un situación determinada".
"Lo normal, lo razonable en un estado compuesto como el nuestro es que las conferencias estuvieran asentadas", ha afirmado el presidente de la Comunidad Valenciana.
Ha aludido en este sentido a la "asimétrica" y "arbitraria" distribución del déficit aprobada de forma unilateral por el Gobierno, porque "el camino no es la amenaza, sino el diálogo" y, por eso, ha saludado su reunión de ayer con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
A su entender, el Estado autonómico está "agotado" y es "urgente" su "reformulación" para garantizar la igualdad entre los ciudadanos y la singularidad territorial.
El mejor ejemplo de ello, ha dicho, es la polémica sobre la desviación del déficit público de la que el Gobierno culpa a las comunidades autónomas.
Según ha recordado, la Comunidad Valenciana ha gastado siempre por debajo de la media de las comunidades autónomas y, sin embargo, tiene uno de los déficit "más abultado", lo que demuestra que las desviaciones vienen "por la vía del ingreso y, no, del gasto".
Por eso, ha señalado que una asignación de objetivos, "al menos, proporcional al gasto que se gestiona" cambiaría radicalmente la visión de "cumplidores e incumplidores".
Puig también ha enmarcado el debate soberanista catalán en esta "nueva institucionalización" de las relaciones del Estado con las comunidades autónomas que propugna.
Ha precisado que el problema territorial no se reduce a Cataluña, ha señalado la necesidad de derribar el "muro de silencio" existente entre el Gobierno central y el catalán y ha pedido una oportunidad para el Estatut catalán en un proceso que lleve a dotar a España de un modelo federal.
Ese es, a su entender, el camino para salir al paso de las declaraciones soberanistas, no el "silencio" y la "displicencia", ni tampoco la recentralización de competencias.
