Según ha informado el PSPV, Puig ha convocado al Secretariado de los socialistas valencianos a las 22.30 horas de este miércoles para abordar la decisión, a raíz del arresto de Rodríguez en el marco de la operación por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa.
"La detención de un presidente de la Diputación es perjudicial para el esfuerzo que todos los valencianos estamos haciendo para levantar la hipoteca reputacional, tras veinte años de gobiernos del PP", ha reivindicado el jefe del Consell, que ha tomado esta dedición "tras un día difícil" y en el que ha compartido "reflexiones con muchos compañeros y compañeras".
En cualquier caso, ha remarcado que "el PSPV confía en la presunción de inocencia de Jorge Rodríguez y serán los jueces quienes determinen la responsabilidad, en una investigación de la que nada se conoce porque permanece secreta y de la que nada en estos momentos nos hace presumir que haya una responsabilidad directa de Rodríguez".
"El PSPV siempre ha sido contundente, ha luchado, se ha arruinado por defender la leg y la luch contra corrupción. Así será siempre en el PSPV", ha enfatizado Puig, "ante todos los casos de posibles irregularidades, cualquiera que sea su naturaleza, y así lo seguirá siendo".
"Para garantizar la estabilidad en la Diputación de carácter inmediato", el jefe del PSPV ha avanzado que propone a la Ejecutiva que el actual vicepresidente, Toni Gaspar, sea el candidato a la Presidencia de la corporación provincial".
SUSPENDIDO DE MILITANCIA POR EL PSOE
A nivel nacional, el PSOE ya ha decidido suspender de militancia Jorge Rodríguez, según han informado a Europa Press fuentes de la Ejecutiva Federal.
El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha coordinado hoy una operación contra la corrupción en la que ha sido detenido el también alcalde de Ontinyent (Valencia), dos asesores y tres altos cargos de Divalterra, ha informado el TSJCV.
La causa, abierta por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos se inició en 2018 tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia. Se investigan irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra en 2015. Las diligencias están secretas.