Que estamos en la legislatura con mayor debilidad parlamentaria de nuestra historia democrática es un hecho. Lo sabemos casi desde la noche del 23J y se certificó cuando Pedro Sánchez consiguió conformar el "Frankestein 2.0"aglutinando en su investidura a Bildu con el PNV, a Puigdemont con ERC, y a Podemos con Sumar, BNG, Más País y Compromís.
Pero cualquier parecido con el primer Frankenstein de la legislatura anterior es coincidencia. En la actual coyuntura, de entrada, al Gobierno lo sostiene la segunda fuerza parlamentaria, no la primera. El Psoe se ve obligado a recordar en cada sesión y hasta en el reparto de los tiempos de los portavoces que no ganó, sino que perdió las elecciones del 23J. Pero sobre todo, el rasgo diferencial se encuentra en que ya no podemos hablar de "geometría parlamentaria variable", sino de "geometría invariable". Sánchez y el Psoe necesita el apoyo de todos y durante todo el tiempo.
Hace unas semanas se daba por hecho que la formación de Puigdemont iba a suponer un escollo permanente, quizás no se pensaba que las reservas las iban a plantear en el primer capítulo. Lo que tampoco se sospechaba tras los fastos de la investidura que en estas secuencias iniciáticas iba a aparecer otra nave al abordaje de la coalición del gobierno, los cincos filibusteros de Podemos que también reclaman un papel protagonista en el entuerto.
El desafío de Junts
La primera prueba de fuego que afronta el Gobierno cosido de Sánchez es de envergadura, fundamentalmente por las consecuencias económicas, que también políticas, de su posible fracaso. Este miércoles el Ejecutivo presenta a votación en el Parlamento la convalidación o derogación de los tres primeros reales decretos-ley del mandato, la legislación que habrá de prorrogar las medidas anticrisis.
De que salgan adelante depende, por ejemplo, que se mantenga la rebaja en la factura de la luz y del IVA de los alimentos básicos, la revalorización de las pensiones contributivas al 3,8% o el abaratamiento de los transportes. También están en juego hasta 10.000 millones de euros de fondos europeos. Los tres decretos los tendrán que votar los diputados de forma conjunta en una sesión que se va a celebrar en el Senado por la obras en el Congreso.
De estas próximas horas depende que el estreno acabe en chapuza porque el triunvirato de Junts ha anunciado su intención de votar en contra. Puigdemont desde Waterloo, Jordi Turul desde Barcelona y Miriam Nogueras como representante de los separatistas en Madrid han empezado a desmontar el andamio.
Para Junts el problema no es de contenido económico (decreto de medidas anticrisis) ni socio-laboral (decreto del Ministerio de trabajo). Las trabas se sustancian en lo de siempre: la ley de amnistía, omnipresente incluso cuando no toca. Lo que inquieta a los neoconvergentes es la letra pequeña del tercer de los decretos, el decreto ómnibus, cuyo nombre oficial es el "Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".
A los independentistas catalanes les inquieta el artículo 103 que añade un apartado al artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la legislación procesal más relevante en nuestro país. Esa modificación amplía la regulación de la cuestión prejudicial europea. Lo que podría ocurrir es que si un magistrado español recurre al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, en ese momento quedaría en suspenso cualquier causa judicial.
Junts, por tanto, teme que esa herramienta permitiría obstaculizar la ley de Amnistía una vez aprobada en el Congreso de los Diputados. Si los de Puigdemont tumban este decreto, decaerían puntos fundamentales para que el Gobierno pueda solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos de recuperación económica, 10.000 millones de euros. Ocurre que, entrada en esta dinámica, Junts amenaza con tumbar también los otros dos decretos.
La batalla de Podemos
Los siete de Junts y los cinco de Podemos son las primeras doce chinchetas en la singladura de Sánchez, todo un apostolado que se desgaja del "Frankenstein 2.0". Pregonados los motivos del grupo de Puigdemont desde víspera de Reyes, los acólitos de Pablo Iglesias se han sumado al lío.
Este lunes la formación morada ha confirmado que su apoyo al decreto anticrisis está condicionado a que se topen alquileres y alimentos. Consideran además que las medidas para el desempleo suponen un recorte para los mayores de 52 años. El problema está en un cambio metodológico incluido en el BOE por el que algunos beneficiarios podrían ver reducido su subsidio según el puesto que desempeñen y el tiempo que acumulen percibiendo la ayuda. Esa otra letra pequeña es la que ha dado motivos a los de Ione Belarra para levantar la primera trinchera y arremeter contra una medida que tanto le costó a Yolanda Díaz negociar con Nadia Calviño y tanto celebró la vicepresidenta segunda de Sánchez.
