El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presentado este martes una querella por delitos de prevaricación y malversación contra el juez del "caso Volhov" Joaquín Aguirre, al que acusa de investigar ilegalmente la supuesta injerencia rusa en el procés usando fondos públicos.
Puigdemont, junto a su asesor Josep Lluís Alay y su abogado Gonzalo Boye -ambos imputados en la causa-, piden al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), al que correspondería instruir la querella, que investigue al magistrado y, mientras tanto, le aparte cautelarmente de la causa sobre las supuestas conexiones con Rusia para el procés.
El motivo de la querella es la pieza separada que el magistrado abrió el pasado 21 de junio para reactivar las pesquisas sobre la supuesta intervención rusa -en la que plantea indicios para imputar a Puigdemont por un delito de traición-, apenas semanas después de que la Audiencia de Barcelona le impidiera seguir investigando el caso al anular las dos últimas prórrogas.
La querella sostiene, de hecho, que el juez decidió abrir una investigación por traición que tenía en el punto de mira a Puigdemont ya en noviembre de 2023, en plenas negociaciones para aprobar la amnistía, con el único fin de impedir que el expresidente catalán pudiera beneficiarse de la ley.
Puigdemont sostiene además en la querella que el juez ha empleado un mecanismo "ilegal" para abrir la nueva pieza separada, "burlando" así la resolución de la Audiencia de Barcelona, "con el ánimo de prevaricar, de torcer el derecho" y para satisfacer "su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre".
Ello supone, según los querellantes, un "sinfín de gastos ilícitos para las arcas públicas", además de un "bochorno para el conjunto de la administración de justicia, que ha de ser la primera interesada en que este tipo de comportamientos no tenga lugar ni sirvan de efecto llamada para nadie".
Para sustentar la acusación de malversación de caudales, la querella se remite, precisamente, a los autos del Tribunal Supremo que, tras las reformas penales que derogaron el delito de sedición, mantuvieron el de malversación agravada para los líderes del procés por los gastos de financiación del referéndum.
"Destinar dinero público a actividades ilícitas, por más que en su autor no se dé un enriquecimiento personal, conlleva necesariamente un ánimo de lucro", subrayan los querellantes, haciendo suyos los argumentos del Supremo en la causa del procés.
El escrito mantiene que, al "desobedecer" la orden de la Audiencia de Barcelona, Aguirre "ha dinamitado el sistema judicial, el Estado de derecho" y se ha erigido en "único juez, que todo lo puede frente a todos, incluidos los órganos superiores que resuelven recursos de apelación contra sus resoluciones".
Los querellantes insisten en que el juez "ha puesto en peligro el sistema constitucional, el sistema de valores democráticos", además de generar un gasto público "ilegal" al designar a funcionarios de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional para investigar un caso que la Audiencia le había impedido seguir indagando.
Puigdemont solicita al TSJC que aparte de forma inmediata al magistrado, al menos del "caso Volhov", para evitar que siga "instrumentalizando" la causa y tome "represalias" contra los querellantes y los demás investigados.
