La Ley de Amnistía ya ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los instructores y tribunales de las causas en curso han pedido a las partes que se pronuncien antes de decidir sobre los imputados y las consultas al Tribunal Europeo.
Diferentes tribunales han consultado a acusaciones y defensas cómo afecta la ley de amnistía a las causas relacionadas con el "procés" antes de adoptar una decisión, entre ellos el Supremo, que por el momento mantiene activa la orden nacional de arresto contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.
La entrada en vigor de la ley de amnistía, que busca perdonar delitos vinculados al "procés" y comprendidos entre 2011 y 2023, no ha despejado la duda de si el líder de Junts podrá volver a España tras casi seis años huido, como también ocurre con dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- y la dirigente de ERC Marta Rovira.
Por el momento, sus órdenes nacionales de detención siguen vigentes, según ha aclarado el juez Pablo Llarena en la providencia en la que, como también han hecho tribunales como la Audiencia Nacional o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha pedido informes a las partes para saber cómo afecta la amnistía a cada caso.
El Tribunal de Cuentas, por su parte, ha ido un poco más allá y ha abierto la puerta a llevar la norma a la justicia europea, al consultar si procede plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre ciertos artículos que podrían oponerse a la interpretación que este tribunal hace del derecho comunitario.
A lo largo de la primera jornada con la ley de amnistía en vigor se fueron anunciando decenas de peticiones de amnistía, entre ellas las de Oriol Junqueras y buena parte de los condenados o procesados, si bien no es el caso de Puigdemont, cuya defensa ha apuntado que prefiere esperar a ver la respuesta de los jueces.
El desafío de los fiscales del Supremo
Por su parte los fiscales del Supremo mantienen que la malversación no es amnistiable y desafían al fiscal general del estado con un informe en el que insisten en que no se puede amnistiar el delito de malversación a los condenados y fugados por ser "improcedente y contraria a las leyes", y abren la puerta a apartarse de la causa si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, quiere perdonar la malversación.
Además, los fiscales adelantan que en caso de que García Ortiz no acepte sus argumentos, "deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada", y a continuación convocar una Junta de Fiscales de Sala en virtud del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público.
Se podrá aplicar la ley de amnistía
Pese al aluvión de peticiones de amnistía de los implicados en las diferentes causas, desde los condenados por el Supremo -Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Jordi Turull (Junts), que ha sostenido que el perdón es "imperativo"-, hasta los encausados por terrorismo en el caso Tsunami, la amnistía tendrá que esperar a que se pronuncien las partes tal y como han solicitado los jueces.
El juez Llarena, instructor del procés, mantiene las órdenes de detención contra Puigdemont y los otros tres huidos Comín, Puig y Rovira y da cinco días de plazo a las partes para que informen sobre cabe aplicarle la amnistía al delito de malversación, que es lo que más dudas genera.
Les pide prestar atención a si los delitos de desobediencia o malversación que imputa a Puigdemont entrarían en la amnistía o si "pueden considerarse excluidos" de la norma por considerar que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea, uno de los preceptos que el legislador dejó fuera del perdón
Si la próxima semana o la siguiente acaba decidiendo que no es aplicable las órdenes seguirán activas, pero si entiende que sí es aplicable pero que va contra el derecho europeo planteará una cuestión prejudicial al TJUE y estará obligado a dejar en suspenso esas órdenes. Es decir, Puigdemont podría volver a España.
Precisamente en este artículo, y en otros cuatro de la ley, ha puesto el foco el Tribunal de Cuentas al dejar en el aire la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al TJUE, y ha suspendido el plazo para dictar la sentencia que debe determinar si más de una treintena de ex altos cargos catalanes tuvieron responsabilidad contable en el desvío de fondos para el "procés".
Habrá que esperar a los próximos días para conocer los siguientes movimientos de los tribunales, pero, si se presenta una cuestión prejudicial al TJUE y el organismo europeo decide que la ley de amnistía es contraria a la legislación europea (una decisión que podría tardar meses e incluso un año), los jueces españoles podrán no aplicar la amnistía para aquellos delitos a los que el tribunal europeo ponga pegas de ilegalidad.
